BlogSalud Información y opinión sobre la situación que atraviesa el sector de la “Medicina Privada” en Argentina

Levantan el secreto bancario de cuentas de 25 aportantes a la campaña K
El juez Lijo quiere saber si la plata era de esas empresas o tenía un origen ilegal.
Por: Daniel Santoro

Cansando de tantas idas y vueltas, el juez federal Ariel Lijo ordenó levantar los secretos financiero, bancario y fiscal sobre las cuentas bancarias de 25 droguerías y empresas de medicina prepaga que aportaron a la campaña electoral de Cristina Kirchner en el 2007, revelaron a Clarín fuentes judiciales.

La tajante orden fue enviada al Banco Central, a la AFIP y a la Unidad de Información Financiera (UIF) que generalmente ponen excusas legales para no dar información a la Justicia.

Es que el juez quiere saber si esas empresas están en condiciones financieras y económicas de hacer donaciones de campaña o prestaron su nombre, como pasó con Gabriel Brito (Ver “Brito …”), y la plata tiene un origen ilegal. Una de las hipótesis de la Justicia es que parte de esos aportes los hizo Néstor Lorenzo, el dueño de la droguería San Javier que quería exportar un laboratorio biotecnológico millonario a Venezuela, o provienen de fondos reservados de la SIDE.

Otra hipótesis que investiga el juez es si los aportes fueron como contrapartida por los subsidios que las droguerías cobraron de la Administración de Programas Especiales (APE) del sistema de obras sociales. La APE manejaba 600 millones de pesos ese año.

Además, Héctor Capaciolli era en esa época superintendente del servicio de salud y miembro del comité de campaña de la fórmula Cristina Kirchner-Julio Cobos.

La molestia del juez también está motiva por un largo intercambio que tuvo con su colega Norberto Oyarbide sobre si esta denuncia de la Coalición Cívica de Elisa Carrió era parte de la causa de la mafia de los medicamentos o no.

Entonces, accediendo a un pedido del fiscal Luis Comparatore, Lijo dispuso que le manden todos los giros de las siguientes empresas:

Droguería Urbana: Aportó 310 mil pesos. Es proveedora exclusiva del sindicato de Camioneros. La dirige Marcos Hendler.

Global Pharmacy: 310 mil pesos. La dirige Gabriel Britos.

Sea Camp: 200 mil pesos. La dirigía el asesinado Sebastián Forza.

Multipharma: 710 mil pesos. La dirige Carlos Torres, socio de Lorenzo y otros de los procesados en la causa de la mafia de los medicamentos.

Unifarma: 160 mil pesos. La dirigía Ariel Vilan, ex socio de Forza, que se suicidio luego del Triple Crimen de General Rodríguez.

También se pidieron las cuentas de: Droguería del Plata (cuyos directivos están procesados en la causa de la mafia de los medicamentos), Medifer, Diaxon, Iter Medicina, Farmaline, Fideisalud, Bio Sidus, Bristol, Rophe, Solpa, Núcleo Farma, Sidus, Swiss Medical, San Tometo, Galeno y Audifar.

Fuente
Clarin 21/5/2010

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La investigación de Oyarbide revela que la mutual que conduce la esposa del gremialista era parte de una red que adulteraba troqueles de remedios para quedarse con los subsidios que distribuye el Estado.

Una escucha telefónica compromete a la obra social de Camioneros en la causa que investiga la mafia de los medicamentos. En la conversación registrada por orden del juez federal Norberto Oyarbide, una de las procesadas aparece vendiendo troqueles de remedios falsos para el sindicato del gremialista K Hugo Moyano. De este modo, la marcha de la investigación por los remedios falsos muestra evidencias concretas de que no concluye con la obra social bancaria, sino que se expande hasta la mutual del gremio políticamente más relevante de la era K.

En uno de los fallos de la Justicia se revela que Alexia Bergalli, encargada de compras en Droguería Del Plata, negoció la venta de troqueles truchos con un hombre llamado Marcos, que fuentes ligadas a la investigación creen que se trataría de Marcos Hendler, uno de los titulares de Urbana, quien hace una mención explícita de la obra social de Camioneros.

Urbana, que fue aportante a la campaña de Cristina en 2007, tiene la venta exclusiva de remedios a la obra social de Camioneros, Oschoca, que es gerenciada por Conducir Salud SA, también conocida como Iarai SA, una compañía de Liliana Zulet, esposa de Moyano. La droguería integra la lista de las más de 22 empresas farmacéuticas investigadas por Oyarbide.

Esta conversación entre Bergalli y Marcos se registró el 19 de junio de 2009:

MARCOS: Bien, Alexia, todo bien por suerte. Escuchame, necesito un favor: en Camioneros perdieron 19 troqueles de Erbitux chico, ¿podemos hacer algo?

BERGALLI: Sí, te los mando a hacer, ¿querés que te diga cuánto salen?

M: Decime y mandámelos a hacer por favor…

Inmediatamente, se produce el siguiente diálogo:

B: 37 cada uno los pago, serían 665.

M: Dale, buenísimo, ¿y eso para cuando calculás que está?

B: Si los tiene, eh, los tiene confeccionados, los puedo mandar a buscar y los puedo tener a las 2 de la tarde, 3 de la tarde acá.

El Erbitux es un medicamento oncológico de alto costo, que actúa bloqueando el crecimiento de los tumores o incluso induciendo la regresión tumoral en los enfermos de cáncer. Su precio es de aproximadamente 3 mil pesos. Bergalli está procesada, al igual que su jefe Alejandro Martino. De acuerdo con la resolución de la Cámara Federal, “si bien Martino participa activamente en la tarea de conseguir remedios de dudosa genuinidad, Alexia Bergalli desarrolla a su par igual labor con idéntica diligencia, incluso ocupándose de conseguir troqueles apócrifos”.

Cuando Graciela Ocaña debió dejar el Ministerio de Salud por su disputa con Moyano, afirmó que la Justicia debía investigar a las droguerías creadas y especializadas en cada obra social sindical, como Urbana. Los troqueles apócrifos se mandan a copiar en imprentas, en general especializadas en este tipo de tareas.

Los troqueles son las piezas de cartón que se extraen de las cajas de los remedios para dejar constancia de su compra. Las droguerías entregan los troqueles a las obras sociales -sus clientes- y estas los adjuntan en los expedientes que remiten a la Administración de Programas Especiales (APE), en la Superintendencia de Servicios de Salud.

En algunos casos, como el de San Javier -la empresa del Yabrán de los remedios, Néstor Lorenzo– y la Obra Social Bancaria, la misma droguería hace el trámite directamente ante el Ministerio de Salud. Así, obtienen los reintegros por la entrega de medicamentos a afiliados de las obras sociales.

Sin embargo, las escuchas que constan en la causa revelan el modus operandi para conseguir copias de troqueles originales y cobrar varias veces el mismo reintegro por un solo medicamento. El juzgado ya tiene un dato clave para corroborar la falsedad de los troqueles de los medicamentos, aportado por uno de los indagados: deben analizar las tintas con las que fueron impresos los cartones utilizados para hacer troqueles y compararlas con las que usan los laboratorios en los troqueles originales.

Droguería Urbana fue allanada por Oyarbide en el marco de varios procedimientos a distintas droguerías. También es investigada por el juez Claudio Bonadío en una causa por supuestos expedientes falsos para cobrar reintegros del APE.

Existe un nexo entre Urbana y Lorenzo, principal procesado como presunto líder de una asociación ilícita. A pesar de que Moyano reconoció que compró remedios a San Javier hasta 2004 y rescindió el contrato porque Lorenzo le “cobraba de más”, pero como contó este diario, según la Oficina Nacional de Contrataciones, en 2006 la droguería Congreso Salud –también de Lorenzo– vendió a Urbana medicamentos por más de 1,5 millones de pesos.

Por Emilia Delfino
Diario Perfil

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La Cámara Federal de San Martín confirmó una multa que le había aplicado la Dirección Nacional de Comercio Interior a una empresa de medicina prepaga que se había negado a cubrirle el total del tratamiento a un afiliado discapacitado.

Con fundamento en el artículo 19 de la ley de Defensa del Consumidor, los camaristas dispusieron que la empresa deba pagar una multa de 5.000 pesos y publicar la sanción en algún medio.

En su queja, la empresa había esgrimido que al ser una compañía de medicina prepaga no se encontraba alcanzada por las obligaciones de la ley 24.901, que instituyó para las obras sociales un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad.

Sin embargo, los camaristas recordaron que, a partir de la ley 24.754, las empresas o entidades que prestan servicios de medicina prepaga “deberán cubrir, como mínimo, en sus planes de cobertura médico asistencial las mismas ‘prestaciones obligatorias’ dispuestas para obras sociales”.

Para fundamentar mejor su decisión, los jueces se remitieron al antecedente “Cambiasso Pérez”, de la Corte Suprema, en donde se resolvió que “les correspondía a las empresas o entidades que prestaran servicios de medicina prepaga cubrir, como mínimo, las mismas prestaciones que resultaran obligatorias para las obras sociales, comprendiendo aquellas que actualizara la autoridad de aplicación y para el caso de personas con discapacidad, todas las que requiriera su rehabilitación”.

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