Cuatro de cada diez personas carecen de cobertura médica.
Las obras sociales están desfinanciadas.
Clínicas y sanatorios advierten que brindar el servicio se hace cada vez más difícil .
Tomar una radiografía del sistema de salud argentino no es tarea sencilla, dada su complejidad y falta de datos actualizados.
Pero un primer diagnóstico indicaría que tanto el sistema público como el privado están en crisis.
Para trazarlo, hace falta saber cuánto se gasta, en qué y, por último, de dónde provienen los recursos.
Cabe destacar que, en la Argentina, el sistema de salud es mixto: el sector privado representa poco más del 30%, mientras que el público casi un 70%, aunque con fuerte disparidad entre Municipios, Estado Nacional y Provincias.
Según los últimos datos oficiales disponibles, el gasto público en salud representa el 5,7% del PBI y es asumido:
El 40% por las obras sociales
El 32% por el sistema privado.
El 24% por las provincias y municipios.
El 4% por el Estado Nacional.
Radiografía
“El gasto en salud es elevado, y el problema es su uso ineficiente”, destaca Osvaldo Cetrángolo, investigador de la CEPAL.
El especialista señala que “si bien los niveles de gasto, medidos en porcentaje del PBI, aparecen como aceptables, comparados con otros países que han alcanzado una cobertura de salud casi universal, están mal distribuidos y buena parte de ese gasto es privado directo”.
Según el especialista, los argentinos terminan pagando de su bolsillo por una prestación que debería estar cubierta al abonar sus impuestos y contribuciones.
Sonia Tarragona, magister en Finanzas Públicas y docente de la Universidad Isalud, advierte que más del 40% de las personas no tienen cobertura médica de ningún tipo y dependen exclusivamente de los servicios públicos de salud. Sólo el 50% tiene obra social y el resto posee una mutual o prepaga, según los últimos datos disponibles.
Además Tarragona, resalta la dispersión existente entre las diferentes zonas del país: “El gasto en salud provincial promedio por habitante es cercano a los $540, pero hay jurisdicciones que gastan más de $1.000, mientras que otras no llegan a los 300 pesos”.
Malos síntomas
La crisis en el sistema de obras sociales se viene acentuando desde que, a mediados de los ‘90, se permitió la “libre elección” y los afiliados de mayores ingresos migraron hacia otras prestadoras, desfinanciando a la obra social de su actividad.
Según un trabajo del economista Jorge Colina, el grupo de obras sociales con menores recursos (compuesto por unas 53 entidades, cuyos ingresos por beneficiario rondan los $65 mensuales), brindan cobertura a 1,5 millones de afiliados, con un salario promedio que alcanza los 1.000 pesos.
Como contrapartida, el grupo de obras sociales de mayores recursos brinda cobertura a una cifra muy similar. Pero con un promedio salarial que está por encima de los 3.500 pesos.
Actualmente, el aporte mínimo para la obra social es de $70 (es el que pagan los monotributistas), mientras que el promedio del sistema es de $150 mensuales.
Para los directivos de las prestadoras sindicales las cifras son demasiado bajas y señalan que los ingresos son mucho menores a los gastos que deben afrontar para mantener la salud de sus afiliados.
Ante esta situación, muchos son partidarios de volver a la afiliación compulsiva, mientras que otros abogan por una ampliación de los aportes del “Fondo Solidario de Redistribución”, que es aquél que se conforma de un porcentaje de los aportes destinados –como lo indica su nombre- a equilibrar los ingresos de las distintas obras sociales.
Sin embargo, las medidas tomadas por las autoridades van justamente en la dirección contraria. A fines de 2008, se decidió disminuir los aportes a dicho fondo, dado que se estableció que el salario de corte -para pasar de la alícuota del 10% al 15% en el caso de los convencionados y del 15 al 20% en el de los no convencionados- se elevara de $1.000 a 2.400 pesos.
Preocupación creciente
Desde el lado de los prestadores privados de salud, la situación no es mucho mejor que la de las obras sociales.
Los representantes de las clínicas y sanatorios agrupados en ADECRA señalan que “el retraso de precios que sufre el sector alcanzaba, en agosto del año pasado, al 35%, debido al aumento del precio de los insumos y la actualización salarial del personal médico y no médico”.
La preocupación es creciente, debido a la inflación y a los incrementos salariales que se pautarán este año en el sector.
Según un informe de la propia entidad, en los últimos 10 años “los costos de producir atención médica se multiplicaron por 4, mientras que los aranceles lo hicieron por 3”.
En tanto, las empresas de medicina prepaga destacan que el incremento de aranceles del 19% implementado el año pasado “no permite cerrar el retraso de precios, sino que apenas compensa las actualizaciones salariales, sin cubrir el desfasaje provocado por los aumentos en los insumos, que alcanza al 28%”.
Situaciones irregulares
Por otra parte, existen situaciones irregulares dentro del sector privado de salud que “podrían estallar como una bomba de tiempo”, según palabras del directivo de un sanatorio privado del Barrio Norte porteño.
Son, por caso, el hecho de que muchos médicos “alquilan” consultorios dentro de las clínicas y sanatorios, y mantienen una relación contractual con la empresa durante muchos años.
En caso de juicio laboral, los montos indemnizatorios resultan inabordables por las instituciones médicas. Esto, sin contar con los juicios por mala praxis, que se vienen incrementando desde la década del ‘90.
De acuerdo a la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (ACAMI), esta litigiosidad implica hoy un costo adicional de $6.000 millones anuales al sistema sanitario.
Uno de cada 5 profesionales de la salud (unos 40.000 médicos en todo el país) enfrenta hoy una demanda por responsabilidad civil y profesional, y gran parte tiene contratado algún seguro médico.
La Argentina es uno de los países donde se inicia mayor número de demandas por mala praxis en América Latina, y el 60% de las mismas se concentra en la ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana.
Más de 70 obras sociales (sobre un total de 252) enfrentan este tipo de pleitos, según datos de la Superintendencia de Servicios de Salud.
Esta litigiosidad “lleva a los médicos a aplicar una estrategia de medicina defensiva, es decir prescribir más estudios de los necesarios, o no aplicar terapias novedosas para evitar incurrir en riesgos”, advierte Tomás Sánchez de Bustamante, gerente general de OSDE, quien expuso sobre este delicado tema durante el XII Congreso Argentino de Salud, realizado a fines de 2009.
Las organizaciones médicas enfrentan una situación de inequidad, dado que los demandantes pueden litigar sin gasto, en tanto que los demandados deben abonar al menos el 50% de las costas del juicio, aún cuando resulten inocentes”, destaca Marcelo Mastrángelo, presidente de ACAMI.
Desde la década del 90, las demandas por mala praxis se multiplicaron por 10, y actualmente se inician cada año unas 550 nuevas, sólo en los juzgados de la Capital Federal.
Financiamiento
El financiamiento del sistema público de salud se asienta en recursos provenientes de rentas generales, que son fijados mensualmente en los presupuestos públicos de cada jurisdicción.
Y el hecho es que parte de lo recaudado a nivel municipal y provincial debe ser consolidado con la recaudación nacional y luego coparticipado.
Además, las provincias reciben Aportes (discrecionales) del Tesoro Nacional.
Pero no existe una legislación que exija invertir un determinado porcentaje de esos recursos en esta materia.
De ahí que el gasto provincial vaya desde un 8% a casi el 30% del presupuesto provincial.Por otra parte, dentro de los recursos públicos, menos de un 40% provienen del Estado nacional, provincial o municipal, y la mayor parte, un 61% corresponden a la seguridad social (obras sociales nacionales, provinciales y municipales, y el PAMI).
Según Federico Tobar, especialista e investigador de esta temática, “en los últimos años viene aumentando el gasto privado, cuando en los países de la OCDE la tendencia es la inversa”.
Según el experto, dentro de la Argentina hay diferencias muy grandes entre una provincia y otra. Hay jurisdicciones que tienen una relación de financiamiento 80% público y 20% privado, como Santa Cruz, y otras, como la ciudad de Buenos Aires, donde la relación es de 50 y 50.
Tobar destaca que “generalmente, en países desarrollados con sistemas de salud con amplia cobertura, el gasto privado “de bolsillo” es mucho menor que en los países menos desarrollados, donde hay un número importante de población sin cobertura”.
La sabiduría popular destaca que “es mejor prevenir que curar”. Sin embargo, una estimación de la inversión que realiza el Estado en la Atención Primaria alcanza a menos de una cuarta parte del gasto total (24 por ciento).
Según este informe, más del 60% de ese gasto es desembolsado por los Municipios, un 25% por los Estados Provinciales y algo menos del 30 % por el Estado Nacional.
Estados Unidos, en terapia intensiva
A la principal potencia del mundo la situación se le ha tornado extremadamente complicada luego del colapso sufrido tras la burbuja de hipotecas.
Por ello, la reforma del sistema fue y es una de las prioridades que se planteó Barak Obama al asumir la presidencia de los Estados Unidos.
Sin embargo, este es un objetivo difícil de lograr, dados los cuantiosos intereses económicos que enfrenta su proyecto.
En la última década, el país del norte lleva gastados la friolera de u$s643.000 millones en el sistema de salud (se calcula un gasto anual por persona de u$s7.900, mientras que en la Argentina no llega a los u$s 300 por año y por persona).
Sin embargo, más de 43 millones de norteamericanos no tienen seguro médico (el equivalente a toda la población argentina).
Los costos de este desigual e ineficiente sistema terminan siendo una carga terrible para los contribuyentes, las empresas y las familias.
Tras la crisis subprime, miles de personas han perdido su empleo y con él su seguro de salud o la posibilidad de pagarlo en forma particular.
El plan inicial de Obama proponía una reforma del mercado de seguros médicos, y brindar una “cobertura universal” que alcanzaría gradualmente a la mayor parte de los excluidos, unos 31 millones de personas que están fuera del sistema de salud.
El plan tendría un costo de unos u$s 950.000 millones en los próximos 10 años (una cifra razonable, comparado con los u$s700.000 millones que desembolsó el Estado norteamericano para salvar a un grupo de bancos en enero de 2009, tras la caída de los mercados financieros).
Para destrabar la fuerte lucha de intereses que generó el proyecto, Obama presentó en febrero una segunda versión más “light” que se concentra en mejorar las prestaciones a quienes ya tienen seguro de salud, en lugar de extender los beneficios a los que están sin cobertura.
El proyecto también contempla ejercer la regulación federal sobre las compañías de seguro médico para controlar los aumentos excesivos de las primas, impedir que puedan rechazar a un cliente por su estado de salud preexistente o expulsarlo cuando contrae una enfermedad crónica.
Mientras el proyecto se debate en el congreso, millones de norteamericanos trabajan sólo para pagar su seguro médico, y otros tantos quedan a la deriva sin cobertura sanitaria de ningún tipo
María Naranjo
IProfesional
13/03/10
Publicado en la categoría Situacion de los prestadores de servicios de salud