BlogSalud Información y opinión sobre la situación que atraviesa el sector de la “Medicina Privada” en Argentina

Los copagos arrancan en $15.
Es por una pelea entre empresas de medicina privada y prestatarias.
Estas reclaman a las prepagas una suba de aranceles.
Pero el Gobierno no autoriza tocar las cuotas.

En setiembre avisaron que iban a empezar a recortar los servicios que les prestan a los afiliados de la medicina prepaga. Y hace algunas semanas comenzaron a hacerlo. Clínicas, sanatorios y hospitales privados de Capital y Gran Buenos Aires decidieron cortar prestaciones o cobrar adicionales por prácticas médicas, consultas e internaciones a los afiliados de varias prepagas. Las prestadoras dicen que las prepagas no actualizaron los aranceles, y éstas protestan porque el Gobierno no les autoriza aumentar las cuotas. El resultado: los afiliados tienen que pagar, de prepo, la diferencia. Para los expertos en Defensa del Consumidor es lisa y llanamente una violación del contrato firmado entre la empresa y el afiliado. “En forma unilateral una de las partes modifica el compromiso acordado y hay que denunciarlo”, advierten en la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Argentina (ADECUA), el Centro de Educación al Consumidor (CEC) y la Unión de Usuarios y Consumidores.

Los copagos arrancan en $ 15 para prácticas de laboratorio y radiografías, por ejemplo, y llegan hasta $ 150 (por día) en el caso de internación en terapia intensiva. Afiliados de Swiss Medical, Docthos, Galeno, Omint y Medifé, entre otras prepagas, ya se encontraron con carteles como el que colocaron en todos los mostradores del Sanatorio Modelo de Quilmes. Dice: “Dadas las infructuosas negociaciones emprendidas para obtener una actualización arancelaria con algunos financiadores nos vemos en la necesidad de cobrar copagos”.
Las clínicas y sanatorios le reclaman a las prepagas una actualización del 20% de los aranceles. “Nosotros somos el jamón del sandwich: hacemos frente a todos los costos, los salarios tuvieron un 12% en agosto y un 7% en diciembre –representan el 60% de nuestros gastos– y también los medicamentos subieron un 22%, entre otros”, dice a Clarín Francisco Díaz, titular de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (ADECRA).
Por su parte, las prepagas le reclaman al Gobierno que les permita subir las cuotas un porcentaje similar.

En agosto, el Gobierno frenó una suba del 12% que las prepagas anunciaron a partir del 1° de setiembre, para sumar luego un ajuste del 7% en diciembre. Las conversaciones están cortadas. Las prepagas afirman que los aumentos de cuotas que se cobraron en marzo y mayo de este año correspondieron a los costos de 2008. “En cuanto a los aumentos de 2009 no hemos podido trasladarlos a las cuotas y así no podemos pagar más aranceles a las prestadoras”, aseguran.  “Son pocos los establecimientos que están cobrando estos copagos”, informa a Clarín el empresario Claudio Belocopitt, de Swiss Medical. Y agrega que “con la factura en mano le reintegramos en el día el dinero a todos los afiliados”. Lo mismo asegura el director médico de Galeno, Eduardo Cavallo y detalla: “Son 3 ó 4 clínicas que afectan a unos 1.000 afiliados sobre un total de 600.000″.”Aunque les reintegren el dinero, algo que en la realidad demora varios días, todo esto es un atropello que además a la gente le genera trastornos y pérdida de tiempo”, protestan en las asociaciones.

Por: Graciela Gioberchio
Clarin
27/11/09

Publicado en la categoría Situacion de Clinicas y Centros Medicos

Las empresas subieron salarios, aunque no pudieron hacerlo con las cuotas.
El aumento escalonado del 19% que las firmas de medicina privada tenían previsto concretar este año, en septiembre y diciembre, quedó oficialmente congelado hasta 2010. Así lo confirmaron a Crítica de la Argentina fuentes cercanas a las negociaciones que mantuvieron las empresas y la Casa Rosada. Todavía no se conoce cuándo se aplicarán esas subas anunciadas. El 5 de agosto, siete días después de que las prepagas enviaron cartas con la comunicación de ese ajuste a sus 600 mil afiliados particulares, Guillermo Moreno las hizo retroceder. Recién la semana pasada, los usuarios de algunas compañías, como Omint y OSDE, recibieron bonificaciones de entre un 9% y un 12% en las cuotas de noviembre por subas concretadas el mes pasado sin aval del Gobierno.

Los ejecutivos de prestadoras y prepagas consultados por este diario admitieron que no saben si el Gobierno tiene “voluntad para solucionar esta discusión que lleva más de seis meses”. Según pudo constatar Crítica de la Argentina, entre los empresarios del sector reina la incertidumbre y la decepción. “Nadie sabe qué va a pasar ni cuándo. Por ahora no hubo reuniones positivas y no creo que las haya hasta marzo”, admitió el dueño de una de las firmas involucradas en la negociación.

En la pelea entre las prepagas y el Gobierno no sólo intervino Moreno, también participó Aníbal Fernández. El funcionario avaló de palabra ese aumento ante un reducido grupo de empresarios (encabezado por Claudio Belocopitt, presidente Swiss Medical) en julio pasado. De hecho, la idea de que el ajuste fuera escalonado surgió de esa reunión. Fernández propuso que se aplicara un 12% en septiembre y un 7% en diciembre. Sin embargo, al día siguiente de ese encuentro en su despacho se desdijo en público: aclaró en un programa televisivo que el Gobierno no había consensuado subas.

De la mano de los aumentos de tarifas llegarían las subas salariales que reclamaban los trabajadores de la salud. Las negociaciones por paritarias estuvieron trabadas durante una semana porque el Gobierno no aprobaba los aumentos, pero exigía recomposiciones salariales.

Tras varios días de paro en el sector sanitario, el Ejecutivo les prometió a las prepagas que iban a poder subir sus cuotas antes de fin de año a cambio de que aumentaran los salarios. En el sector privado cumplieron con su parte del trato el 26 de agosto. Los trabajadores de la salud recibieron la suba del 19% en dos cuotas. El ajuste del 12% retroactivo al 1 de agosto, y 7% desde el 1 de diciembre benefició a 180 mil empleados.

Fuentes de la medicina privada contaron a este diario que el Gobierno les prometió varias veces que autorizaría parte del aumento de sus aranceles antes de fin de año. Pero está a la vista que, por ahora, sólo fueron promesas. Si bien el Ejecutivo no tiene mecanismos formales para impedir una suba en las cuotas, las prepagas prefirieron dar marcha atrás para no enfrentarse con Moreno.

Los incrementos de los costos salariales, la inflación, la devaluación del peso frente al dólar y la incorporación de nuevas tecnologías a la industria contribuyeron a encarecer los servicios privados, argumentan los empresarios.

Julieta Tarrés
Critica de Argentina
23.11.2009

Publicado en la categoría Incremento de cuota a usuarios de prepagas

La ex ministra de Salud Graciela Ocaña juzgó hoy como “grave” la posible decisión del Gobierno de aumentar los recursos para las obras sociales, al afirmar que en ciertos casos, el dinero “va al patrimonio particular de algunos dirigentes sindicales” y no para mejorar las prestaciones.

“Es una forma de apropiarse recursos, una forma de corrupción muy importante”, alertó la ex funcionaria, al ser consultada por radio Continental y el canal Todo Noticias (TN) sobre la posibilidad de que el Gobierno eleve 30 por ciento el monto mínimo garantizado por cada beneficiario, mediante un fondo superior a los 3000 millones de pesos, tal como consignaron los diarios Clarín y Crítica de la Argentina .

Ocaña indicó que esta medida “era siempre la aspiración de Hugo Moyano”, porque el dinero pasa “directamente a las obras sociales”, y fustigó a los gremialistas “que creen que estos fondos son propios”.

“Es preocupante que fondos para la salud puedan ser desviados en otros sentidos. Este dinero no es del Estado ni de los sindicatos, es una parte de los aportes de los trabajadores para garantizar prestaciones de alto costo”, subrayó.

Y advirtió: “Esto es grave porque este 30 por ciento (de incremento) tampoco explica muy bien a santo de qué, más que para poder repartir este fondo”, sostuvo.

La medida que implementaría el Gobierno se anuncia en un momento de alta conflictividad gremial entre la oficialista CGT y la CTA, que busca el reconocimiento legal como central alternativa.

Ocaña explicó que en los últimos años, “al haberse generado puestos de trabajo, se generó una enorme masa de recursos” y que cuando ella era ministra propuso utilizar el dinero para “aumentar las prestaciones” y “mejorar el nivel” de la atención. “Algunos casos, como Camioneros”, la administración de estos fondos está a cargo de empresas “que son justamente de la familia Moyano”, advirtió.

“Es como que se le dé dinero a la obra social y esta se la pasa a las empresas. Luego, por supuesto, eso va al patrimonio particular de algunos dirigentes sindicales”, denunció.

“Es una forma de apropiarse recursos, una forma de corrupción muy importante”, sentenció.

La Nación - 17/11/09

Publicado en la categoría Gremiales