BlogSalud Información y opinión sobre la situación que atraviesa el sector de la “Medicina Privada” en Argentina

Se trata del programa especial de las obras sociales. La renuncia fue presentada “por motivos personales”, pero surge como un tironeo entre los propios gremios. Aníbal Fernández y el ministro de Salud quedan a cargo.

Un delegado de Hugo Moyano en el Ministerio de Salud, a cargo del manejo de casi mil millones de pesos de las obras sociales, fue desplazado del Gobierno en medio de rumores por supuestos desmanejos en el reparto de fondos. La salida de Hugo Sola de la Administración de Programas Especiales (APE) fue presentada como una “renuncia por motivos personales” y desde Salud se informó que el ministro Juan Manzur quedará de momento a cargo de la distribución de los recursos.

Anoche trascendió que para evitar suspicacias entre los sindicatos, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, se comprometió a ser el garante de la equidad en el manejo del presupuesto de la APE.

Se trata del fondo más codiciado por los gremios: el organismo se encarga de reintegrarles a las obras sociales el valor de las prestaciones médicas denominadas de alta complejidad y baja incidencia, como sida, cáncer y hemofilia.

Las versiones acerca de la salida de Sola variaron ayer de acuerdo con la fuente. Desde Salud se limitaron a informar que se trató de una decisión personal del funcionario y que para reemplazarlo se buscará “un técnico que satisfaga a todas las partes”, es decir, los sindicatos de la CGT. Entre tanto, Manzur retendrá para sí la firma de los expedientes de la APE.

En el ámbito sindical, en cambio, dieron por hecho que la salida fue motivada por un pase de facturas entre los propios gremios y que Moyano dio el aval para el desplazamiento. Sola era gerente de Prestaciones de la APE, pero en los hechos estaba al frente del organismo por ausencia de un administrador general. El último en ocupar el cargo máximo fue Juan Rinaldi, que también por presión del jefe de la CGT fue eyectado del Gobierno junto con la ex ministra de Salud Graciela Ocaña.

Sola, un ex directivo de la obra social del sindicato de Camioneros, manejaba desde 2008 los $ 968 millones de presupuesto anual de la entidad. Y únicamente reportaba a Moyano y al jefe del gremio de taxistas, Omar Viviani. La versión más extendida indicaba ayer que entre los sindicatos más cercanos a Moyano habían surgido conflictos por los criterios con que Sola pagaba los reintegros.

La labor del ahora ex funcionario era muy cuestionada también por los Gordos y los “independientes”, los otros sectores poderosos de la interna de la CGT. Sindicatos como el de Comercio (Faecys), Construcción (UOCRA) y Telefónicos (Foetra) se quejaron en varias ocasiones de acumular deudas millonarias por la falta de pago de la APE.

Más allá de la información oficial acerca de que Manzur se hará cargo de la firma, y de la versión de que Aníbal Fernández actuará como garante, también ayer trascendió que se analizaba la posible absorción del organismo por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

En julio pasado, apenas asumió al frente de Salud, Manzur puso en la jefatura de la APE al contador tucumano Mario Koltan, por encima de Sola, pero la presión de Moyano hizo que el funcionario durase apenas 48 horas en el cargo.

Critica.

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 En diálogo con Consultor de Salud, el Dr. Alberto Torres, titular de la Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires (FABA) se refirió a la situación de los profesionales de la provincia, las dificultades en el ámbito tributario y los proyectos que lleva adelante la institución.

¿Cuál es la situación de los profesionales bioquímicos?
Los bioquímicos tenemos suficiente trabajo a través de los convenios con la seguridad social, pero con graves dificultades en cuanto a los aranceles, ya que no hay una recomposición a través de los financiadores, siendo que es un reclamo permanente para recuperar el atraso, con el objetivo de recomponer los aranceles y actualizarlos. Los financiadores suelen tomar como referencia el acuerdo paritario entre el sindicato y los que representan a los empleadores en los laboratorios de análisis clínicos, pero no siempre tenemos una respuesta inmediata. El atraso se nota en mayor medida con los prepagos porque es una cadena que comienza cuando desde la Secretaría de Comercio no permiten actualizar las cuotas a los afiliados, y por lo tanto, no se reconocen aumentos de aranceles. Pero la realidad es que los prepagos han venido actualizando las cuotas, que no transfieren a los prestadores y se produce otro atraso.

¿De qué porcentaje de atraso estamos hablando?
En este momento es de un 40% el atraso que venimos acumulando por el aumento del salario de los empleados de laboratorio, que es absolutamente merecido, pero también produce un aumento de costos en los laboratorios. Asimismo, el aumento de los insumos está atado al dólar y tiene una actualización en función al valor del mismo.

¿En qué situación se encuentra la compra de insumos?
El movimiento del dólar impacta en el valor de los insumos que utilizan los laboratorios, hay un 70% que son de origen importado. Este es otro segmento que produce una desactualización de los aranceles.

¿Hay dificultades en el ámbito tributario?
Hay una presión impositiva, la Federación se encuentra en toda la provincia de Buenos Aires, la forma de recaudar de ARBA es a través de una superposición de impuestos. Cuando se le paga al profesional, la Federación tiene que retener ingresos brutos, a esto se le suma que proveedores de insumos también le hacen una retención sobre lo que compran, entonces se realiza una retención en la cuenta corriente de los bioquímicos donde ARBANET presupone que el bioquímico tiene otros ingresos por los cuales se le debe retener ingresos brutos. Entonces se hace otra retención, que a fin de año demostrando que ha tributado más de lo que le correspondía, se hace una devolución. Este proceso administrativo es muy complejo, con lo cual la presión tributaria es muy importante. Además, tenemos el IVA que afecta a la totalidad de los insumos, lo cual es complicado porque el bioquímico no recupera todo lo que paga por IVA porque hay una parte de la seguridad social que no está afectada, por lo tanto, no hay forma de recuperarlo.

¿Qué mecanismo de agilización plantearon?
Hicimos presentaciones a todo nivel pidiendo que se considere un tratamiento especial o se eliminen algunos de los puntos por los cuales tributamos, o bien, lo que los profesionales tributamos en exceso pueda ser aplicado a otro tributo como las cargas sociales. El escenario está muy fragmentado y pese a tener suficiente cantidad de trabajo, no es lo redituable que debería ser. Reclamamos en todos los niveles, pero no hay diálogo con los funcionarios.

¿Qué convenios maneja la Federación?
Es una muy buena experiencia la que hicimos con FOPBA, ahora tratamos de continuarla. De todos modos, tropezamos con algunas dificultades, con respecto a la contaminación de la cuenca matanza-Riachuelo no habíamos acercado al Ministerio de Salud de la Nación, llegamos a un acuerdo, pero están involucrados nación, provincia y los municipios que están alrededor de la cuenca, el diálogo es complejo y el proyecto está frenado. Los gobernantes priorizan otras cuestiones y los temas de salud de la población no figuran en la agenda.

¿Qué labor realizan los bioquímicos en vigilancia epidemiológica?
Podemos dar respuesta, adelantarnos a la enfermedad con medidas de prevención, acciones de cuidado de la salud y no siempre estar dando respuesta. En un país complejo, estamos logrando un promedio de vida, casi parecido a países del primer mundo, pero son circunstancias que las instituciones deberían proyectar y programar.

¿Cómo se encuentra la situación en torno al Seguro Público de Salud?
El Seguro Público de Salud llegó a tener más de 700.000 embarazadas y recién nacidos hasta los seis años. En este momento las cuatros instituciones involucradas (FEMEBA, FEMECON, FOPBA Y FABA), no tenemos respuesta. En el caso de los bioquímicos hay una deuda desde marzo, mientras que se gastaron, insumos y recursos para atender a la población. Se trata de una población que no tiene cobertura, en muchos casos están en la periferia de pueblos y ciudades y no tienen un efector público cercano. No hemos tenido diálogo con las autoridades de la provincia y los responsables del seguro. A partir de este proyecto obtuvimos datos muy importantes, tenemos información acerca de la población desparasitada, el tipo de parásitos que generaban las patologías infecto-contagiosas.

Cualquier modelo debe ser discutido, lo ideal sería una coordinación entre lo estatal y lo privado, para que la sociedad pueda discutir y entender que todo lo que tenemos es necesario utilizarlo.

¿Cómo se encuentra el convenio con IOMA?
El diálogo con IOMA es muy bueno y permanente, el tema de aranceles es complejo, desde octubre de 2008 que no analizaban los aranceles y convocó a los prestadores por un ajuste del 5%. El diálogo permanece y se busca recuperar algunos atrasos en los pagos. No estamos conformes, porque el aumento fue prácticamente una imposición, pero se ve buena voluntad del otro lado.

Las instituciones de salud hemos demostrado que no estamos solamente para reclamar recursos, sino que hacemos propuestas, pero no somos escuchados

Consultor de Salud

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UN FONDO DE REPARTO CON POCAS AUDITORIAS

La Superintendencia de Salud y las obras sociales recibieron en el año 1.000 millones.

El Gobierno Nacional giró $256 millones a la Superintendencia de Servicios de Salud y a la Administración de Programas Especiales (APE) según se publicó ayer en el Boletín Oficial, y así completó los $1.000 millones de crédito asignado para este año.

Pese a que el Gobierno cumplió con la transferencia de fondos previstos, en las obras sociales persiste el malestar y hay mayor preocupación para el 2010, porque siguen sin redistribuirse los más de $3.000 millones que le corresponden al sistema y que se mantienen retenidos en una cuenta en el Banco Nación.

Cuando a comienzos de agosto de este año asumió en la Superintendencia Ricardo Bellagio, el funcionario había prometido auditar las obras sociales para empezar a “gotear” ese dinero. Por ahora, no hubo giros y las obras sociales sospechan que el año próximo el dinero retenido pueda seguir engrosándose porque la partida para el APE, según el Presupuesto aprobado está semana será de $1057 millones, un incremento acotado con relación a los $930 millones que dispuso este año.

Los $3.000 millones que están retenidos en el Banco Nación forman parte del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que se nutre de un porcentaje de los aportes y contribuciones de trabajadores y empleadores.

El dinero que maneja y la distribución de los fondos de las obras sociales son un tema central para los sindicatos, y uno de los puntos de mayor discordia entre el secretario General de la CGT, Hugo Moyano y sus rivales internos. Actualmente, la APE sigue estando bajo control del moyanista Hugo Sola, luego de que el ministro de Salud Juan Manzur le devolvió el derecho a firma para distribuir partidas.

Pese al reclamo sindical en torno al dinero retenido, las auditorías que se conocieron los últimos años en torno a la utilización de los fondos revelaron manejos poco transparentes. Hace pocas semanas se conoció que los gremios siguen sin justificar el destino de más de $250 millones, aportados por el Estado a sus obras sociales, según una auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Por ahora, el manejo del APE seguirá en manos de un moyanista aunque según datos a los cuales que accedió Clarín los últimos meses fueron girados millonarios recursos a gremios enfrentados con el camionero.

Aunque sigue llamando la atención que los Camioneros hayan incrementado en 700% el dinero que recibieron de la APE en los últimos 5 años.

Por: Pablo Dorfman
Clarin
17/10/09

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