BlogSalud Información y opinión sobre la situación que atraviesa el sector de la “Medicina Privada” en Argentina

La Presidenta firmaría un proyecto para subir el aporte que realizan los monotributistas a gremios

Cristina Kirchner tiene a la firma un proyecto que le permitirá a las obras sociales sindicales quintuplicar los ingresos por uno de sus cajas de recaudación: la proveniente de la cuota sindical que aportan 1,5 millón de monotributistas.
El texto, que implica una reforma del monotributo, fue elaborado por el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y actualiza el monto correspondiente a la “cuota sindical” que compite ese impuesto, llevándola de los $44 actuales a una escala que arranca en $110.
El nuevo régimen, que eleva los topes del monotributo, establece una tabla proporcional que varía según el nivel de facturación, en la que el valor mínimo será de $110 y el máximo rondará los $310, según varía la categoría del aportante.
De ese modo, de una recaudación mensual de $60 millones, las obras sociales sindicales pasarían a recaudar alrededor de $300 millones. En tanto, en la proyección anual, con la reforma de los $720 millones actuales comenzarían a recaudar $3.600 millones.
El plan responde -entre otras cuestiones- a una demanda insistente de los gremios que alertan, cada vez con más intensidad, sobre la crisis de desfinanciamiento que sufren las obras sociales sindicales, asunto que se expresa diariamente en la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que conduce Ricardo Bellagio.
El proyecto de Echegaray fue evaluado por la SSS que avaló el planteo de actualizar los valores de la «cuota sindical» del monotributo. Pero, además, el plan tiene otro objetivo: tratar de seducir a los autónomos que, en general, alimentan el circuito de las prepagas.
En la actualidad, se calcula que hay 400 mil autónomos que, con la reforma impulsada por la AFIP y avalada por la SSS, podrían ingresar al régimen de las obras sociales sindicales. Estas, a su vez, podrán mejorar las prestaciones para los monotributistas que de pagar $44  comenzarán a pagar, como mínimo, $110 por mes.
El diseño original prevé que la cuota máxima del nuevo régimen de monotributo será levemente inferior a la cuota promedio de la medicina prepaga con lo que, en teoría, ante la opción de elegir, los autónomos podrán pasarse al sistema aunque una vez que lo hagan no podrán salir de él.
Por esa vía, con un incremento en sus ingresos por el anexo monotributistas, las obras sociales sindicales podrán mejorar sus ingresos que este año, según coinciden fuentes gremiales, sufrieron «fuertes demoras», entre otras por los reintegros de la Administración de Programas Especiales (APE).
Sobre ese tema hay, en la oficina del ministro de Salud, Juan Manzur y de Bellagio, un plan para normalizar los pagos -que este año serán de $973 millones- pero, además, una idea más pretensiosa: devolverle, en cuotas, y como parte de una reforma integral del sistema de obras sociales, los $3.000 millones adeudados al sistema de salud gremial, asunto que es demandado por los líderes gremiales.

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La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, reconoció mediante un fallo reciente, la supremacía de la Ley Federal que regula la actividad aseguradora, por sobre las leyes provinciales que pretendían avalar la creación de fondos de resguardo o cobertura por mala praxis médica por parte de los Colegios Médicos.

El fallo, al que tuvo acceso Télam, ratifica que los contratos referidos a ese tipo de seguros, sólo puede ser realizado por compañías autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

En este caso el fallo alude a la Ley 6.530 de la Provincia de Santiago del Estero que crea un Fondo de Resguardo Profesional destinado a cubrir la responsabilidad civil de los médicos matriculados en el Consejo Médico local.

Las sanciones se basan en que estas asociaciones profesionales ofrecen coberturas de seguros a sus miembros sin estar autorizados a operar en seguros.

Según el fallo, estos colegios médicos, operaban como aseguradoras sin la solvencia financiera y técnica requerida, sin el respaldo necesario del reaseguro y comercializando contratos que no se ajustan al marco que establece la ley que regula a la actividad del seguro.

Entre los antecedentes se explica que durante la década del ‘90 se popularizaron los denominados “Fondos Solidarios” o “Fondos de Resguardo Profesional”, pertenecientes a los Colegios Médicos.

Los mismos ofrecían seguros de mala praxis a sus matriculados sin las autorizaciones ni los controles exigidos por la SSN a las aseguradoras, entre otros: capitales mínimos, aprobación planes técnicos, obligación de reservas, reaseguro e impuestos.

A raíz de numerosas denuncias, la Superintendencia de Seguros abrió una investigación sobre el accionar de estos Consejos Médicos que actuaban irregularmente como si fueran compañías de seguros, otorgando por una suma de dinero coberturas de responsabilidad profesional.

Como consecuencia la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) sancionó reiteradamente con multas de hasta $100.000, a los Consejos Médicos de las Provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santiago del Estero y a la Federación Médica de Entre Ríos por ejercicio ilegal de la actividad aseguradora, intimándolos a cesar de inmediato en su operatoria.

Si bien algunos de estos organismos regularizaron su situación, tanto el Colegio Médico de la Provincia de Buenos Aires como el de Santiago del Estero apelaron a la Justicia Federal, argumentando la validez de normativas provinciales.

Con fecha 22 de mayo de 2008 la Sala III de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal desestimó el recurso interpuesto por el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires y ahora la Sala V hizo otro tanto con la apelación realizada por Santiago del Estero.
Télam

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Apenas dos días después de la sorpresiva salida del moyanista Hugo Sola, el juez Norberto Oyarbide decidió allanar la Administración de Programas Especiales en el marco de la causa por la presunta adulteración de medicamentos.

La Justicia allanó hoy oficinas del Gobierno donde se manejan millonarios fondos destinados a las obras sociales sindicales, con el fin de determinar si esos entes participaron en maniobras ilegales con la provisión de remedios, en el marco de la llamada “mafia de los medicamentos”.

Fuentes vinculadas al caso dijeron que el operativo se realizó en la Administración de Programas Especiales (APE), en Diagonal Norte 1149 de esta capital -dependiente del Ministerio de Salud de la Nación-, que controla casi mil millones de pesos destinados a compensar las prestaciones de alta complejidad de las obras sociales.

El operativo fue realizado por la Policía Federal, por orden del juez federal Norberto Oyarbide, en la causa por la “mafia de los medicamentos”. De ese inmueble, un edificio de cinco pisos, las autoridades secuestraron por lo menos unos dos mil expedientes.

Además, se revisaron computadoras, historias clínicas y otra documentación relacionada con el tema.

El procedimiento se enmarca en la causa que investiga la venta ilegal, falsificación o adulteración de medicamentos.

Una de las sospechas es que esos remedios “truchos” podrían haber sido suministrados a afiliados a obras sociales, incluso con riesgo para sus vidas.

Entre los principales involucrados en el caso están el empresario Néstor Lorenzo, dueño de la droguería San Javier, proveedora de obras sociales; el sindicalista bancario Juan José Zanola (cuya obra social compraba remedios a esa firma), y su mujer, Paula Aballay, también directiva del área de salud del gremio de los empleados de bancos.

Clarin
22/10/09

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