ObSBA - La migración de los porteños

En los tres meses de vigencia de la “libre opción” para abandonar la obra social de los empleados de la ciudad, hubo 35 mil consultas. Los afiliados llegan a 120 mil. Admiten que el trámite es lento y desalienta a los interesados.
Desde hace más de tres meses, los afiliados a la Obra Social del personal de la ciudad de Buenos Aires (Obsba) tienen la posibilidad de ejercer la “libre opción”, es decir, de tramitar su traspaso a alguna de las nueve obras sociales habilitadas para esa gestión. En ese lapso, hubo 35 mil consultas de afiliados, de los cuales unos 4000 iniciaron el trámite, según fuentes de la Obsba. La mayor cantidad de migraciones, hasta ahora se dio hacia la obra social de los médicos municipales y hacia Unión Personal, de los empleados estatales de Nación (UPCN). La complejidad del trámite –puede demorar hasta hacerse efectivo el traspaso unos seis meses–, los límites de las opciones ofrecidas y las dudas respecto de la efectividad del sistema contribuyen a que no se haya producido un éxodo masivo de afiliados, como se preveía.

De acuerdo con la ley de “libre opción”, los 120 mil empleados porteños pueden optar sólo por las obras sociales que celebraron convenios con la Obsba: Osmédica (médicos), Osplad (docentes), Unión Personal (UPCN), Ospoce (Personal de organismos de control), Osadra (Arbitros deportivos), Ospep (Enseñanza privada), Osjera (Personal jerárquico) y Servesalud (Personal de Dirección). La ley no autoriza a participar en los convenios a las empresas de medicina prepaga. Los que no están habilitados para migrar son los jubilados de la obra social municipal.

Todas las inscriptas –menos una– deben admitir a empleados del gobierno de la ciudad, sea cual fuere el cargo que ocupen o el sueldo que perciban. La excepción es la obra social de los médicos, que sólo acepta afiliados de esa profesión. Otra concesión que obtuvo Osmédica es la afiliación automática de todos los residentes –hoy son 3000– y de todos los profesionales que se incorporen a la carrera hospitalaria a partir de la firma del convenio.

Para evitar la sangría de afiliados, la conducción de la Obsba, que comparten funcionarios del macrismo, por el Estado porteño, y el gremio de los municipales (Sutecba), apostó a mejorar las prestaciones, al menos en esta etapa. “Intentamos eliminar la burocracia, reduciendo al máximo los trámites de autorizaciones para las prestaciones”, explicó a Página/12 el vicepresidente de la Obsba, Carlos Regazzoni. Además, celebraron convenios con una red de sanatorios privados e incorporaron a un prestador de emergencias médicas.

Todos aclaran que no se trata de “desregulación”, sino de “libre opción”. ¿Cuál es la diferencia? Al no ser la Obsba una obra social nacional, sino que se encuadra entre las llamadas “provinciales”, no pudo entrar en el régimen de desregulación. Por eso necesitó de una ley especial, la 3021, que dispuso que sólo puede haber traspasos de afiliados a aquellas obras sociales que firmen convenios con la Obsba.

El trámite tiene varios pasos: primero el afiliado debe llamar a un 0800, donde le dan un turno para iniciar el trámite. En una entrevista personal le entregan el formulario que debe presentar en la obra social de destino. Si allí lo aceptan, debe volver a la Obsba con el formulario lleno. Allí, recién entonces comienza el trámite de desafectación. Y cuando se produce, se hace el informe al gobierno de la ciudad: el cambio se producirá a los tres meses de firmada la resolución. A partir de entonces, un 3 por ciento de los aportes del trabajador irá a la nueva obra social, mientras que otro 3 por ciento quedará en la Obsba, destinado a solventar las prestaciones a los jubilados.

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Lunes, 21 de Septiembre de 2009

Graves fallas en el control de las obras sociales

Falta de supervisión de las prestaciones y los fondos
Gremios en la mira

Gabriel Sued
LA NACION

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), el órgano estatal encargado de controlar el desempeño de las casi 300 obras sociales sindicales, tiene numerosas deficiencias de funcionamiento y no hace controles efectivos de las prestaciones que deben dar las organizaciones gremiales.

Así surge de los tres últimos informes de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) sobre el organismo, que abarcan desde mediados del gobierno de Néstor Kirchner hasta el principio del de su esposa. Durante casi todo ese tiempo dirigió la SSS Héctor Capaccioli, uno de los recaudadores de la campaña presidencial del kirchnerismo de 2007. Las irregularidades, sin embargo, continúan hasta el presente, según dijeron a La Nacion fuentes de la Sigen.

En aquel período (2005-2007) se habría registrado la mayoría de los casos de adulteración de medicamentos, según la investigación del juez federal Norberto Oyarbide. El expediente complica a varias obras sociales, en especial a la del gremio de los bancarios, intervenida la semana pasada por el Gobierno a pedido de la Justicia. El líder del sindicato, Juan José Zanola, y Capaccioli están imputados en la causa judicial y serán citados a declarar, según anticipó el magistrado.

Las anomalías detectadas por la Sigen abarcan todas las áreas de la SSS, pero se centran en las gerencias de Control Prestacional y la de Servicios al Beneficiario, las más vinculadas al funcionamiento de las obras sociales sindicales.

Alcanzan también a la de Control Económico Financiero, la que ocupó el actual titular de la SSS, Ricardo Bellagio. El funcionario había sido desplazado de la gerencia durante la gestión de Graciela Ocaña en el Ministerio de Salud, pero llegó a la cima del organismo después de que ella renunció a su cargo, distanciada del matrimonio Kirchner.

Ausencia de sanciones a las obras sociales que incumplen las reglas, falta de un control en el interior del país, tareas de campo insuficientes e inexistencia de un registro de los créditos que se otorgan a los diferentes gremios son algunas de las irregularidades detectadas por la Sigen, el órgano encargado de advertir a la Presidencia sobre el funcionamiento de las dependencias a su cargo.

“El programa de sindicatura actúa sobre aspectos formales de cumplimiento de normativa y conocimiento de datos y no incluye comprobación de la efectiva prestación de los servicios enunciados en el Plan Médico Asistencial, el Plan Superador, Preventivo, Cartillas, etcétera”, dice la página 2 del informe de la Sigen referido a 2007.

“De la verificación efectuada no surge la existencia de sanciones hacia aquellas obras sociales que no cumplen con la normativa”, se afirma dos párrafos más abajo.

“No se encuentran actualizados los registros contables respecto del rubro créditos, lo que no permite realizar un seguimiento y recupero de esos fondos”, se señala en la página 7.

Las objeciones se reiteran casi con las mismas palabras en los documentos publicados por la Sigen en noviembre de 2006, julio de 2007 y julio de 2008.

Se trata de informes de control interno que evalúan la fiscalización interna del organismo. En los escritos se señala “un nivel bajo de receptividad por parte de las autoridades de la SSS frente a las recomendaciones vertidas por el órgano de control”.

Larga data

El descontrol interno de la SSS parece propio de su historia. El último análisis que la Auditoría General de la Nación (AGN) hizo sobre el organismo, publicado en 2008 y referido a 2002, ya señalaba diversas irregularidades: baja registración de los contratos entre las obras sociales y los prestadores, presencia mínima de la SSS en el interior del país y ausencia de acciones tendientes a efectivizar el cobro de las sanciones impuestas a las organizaciones gremiales.

Las fallas en el mecanismo de sanciones también saltan a la vista al analizar la cantidad de castigos impuestos en los últimos años. Entre enero de 2006 y diciembre de 2008, la SSS sólo impuso 13 sanciones a la misma cantidad de obras sociales sindicales. En los primeros 6 meses de 2009, tras la salida de Capaccioli y la asunción de Juan Rinaldi, las multas alcanzaron 97, que recayeron sobre 57 organizaciones gremiales.

En la gestión de Rinaldi, un ex aliado del secretario general de la CGT, Hugo Moyano, que después se alejó del camionero y se alineó con Ocaña, se hicieron 18 denuncias penales por las irregularidades en los traspasos de una gestión a la siguiente.

Los informes de la Sigen habían objetado “la falta de una estrategia judicial viable para el recupero de acreencias por aportes voluntarios a favor del organismo”.

Las irregularidades también afectan temas internos, como las contrataciones que se hacen en la Superintendencia.

“Se observó en varios expedientes la venta de pliegos por $ 10, $ 20 o $ 50, siendo que la normativa vigente prevé que los pliegos de bases y condiciones se suministren en forma gratuita”, dice el último informe de la Sigen.

A la derecha de cada uno de los cuestionamientos hay un espacio dedicado a detallar las acciones encaradas para corregir las irregularidades. En todos ellos figura la misma y lapidaria frase: “Sin acción correctiva”.
Un movimiento multitudinario de fondos, investigado por la Justicia

$ 938Millones

* Es el presupuesto asignado este año sólo para la APE, el organismo encargado de asistir a las obras sociales sindicales para tratamientos especiales (como cáncer o sida).

$ 208Millones

* Es el monto de lo que deberían haber devuelto al Estado las obras sociales sindicales porque no presentaron recibos ni justificativos de ningún tipo que demuestren en qué usaron los fondos.

13Multas

* En más de tres años, en los que la Sigen descubrió un claro descontrol en las obras sociales sindicales, ésa fue la cantidad de apercibimientos que envió la Superintendencia de Servicios de Salud. Pese al bajo número, tampoco hubo seguimiento para cobrarlas.

La mafia de los medicamentos

* La causa que expuso a la luz pública las irregularidades en el manejo de las obras sociales sindicales investiga la complicidad entre algunas de esas organizaciones y droguerías que venden medicamentos adulterados, falsos o vencidos. La obra social más complicada es la Bancaria, cuyo principal centro de salud fue allanado dos veces (foto) y se encontró allí gran cantidad de remedios falsos, según dijo el juez Norberto Oyarbide.

Denuncias cruzadas por los medicamentos

* Allegados al ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) Juan Rinaldi negaron que durante su gestión se hubieran reducido los controles sobre los medicamentos falsos, como denunció el Sindicato de Bioquímicos y Farmacéuticos. La cuestionada resolución 43/09 de la SSS, que eliminó la obligación de las farmacias a inscribirse en un registro nacional, apunta, según se señala en sus considerandos, a descentralizar la fiscalización y a evitar una superposición de controles. La misión de la SSS es auditar las prestaciones de las obras sociales y no las farmacias, según explicaron las fuentes.

La Nacion
20/09/09

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Domingo, 20 de Septiembre de 2009

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Prepagas: clínicas y sanatorios amenazan con cortar más servicios

PUJA ENTRE LAS PRESTATARIAS, LAS EMPRESAS DE MEDICINA PRIVADA Y EL GOBIERNO
El Hospital Alemán suspendió la internación a afiliados de Swiss Medical, Galeno y Omint.
Por: Ismael Bermúdez

“Las clínicas y sanatorios están mandando cartas documentos a las prepagas a las que les prestan los servicios informándoles los nuevos aranceles. Y cada prepaga deberá decidir en 72 horas si reconoce esos aumentos, suspende o recorta prestaciones o que el afiliado pague la diferencia”, le dijo a Clarín Francisco Díaz titular de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (ADECRA).

Marcelo Mastrángelo, director del Hospital Alemán admitió a este diario que por no reconocer los nuevos aranceles, “cortamos el servicio de internación a algunas prepagas, como Swiss Medical, Galeno y Omint”.

Pablo Giordano, director de la prepaga Staff Médico, dijo que recibieron la comunicación con los nuevos aranceles y “que los van a reconocer una vez que el Gobierno autorice el aumento de las cuotas a los afiliados. Descuento que en pocos días debería regularizarse la situación, y evitar que los afiliados y sobre todo los pacientes dejen de recibir las prestaciones”.

El conflicto entre prestadores (clínicas, sanatorios y hospitales privados) y financiadores (prepagas) fue publicado ayer por Clarín y volvió a estar en el centro de los debates del Congreso Argentino de Salud organizado por ACAMI (Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas) que acaba de finalizar en esta ciudad. Con un agregado: los médicos con contrato directo con las prepagas también amenazan con cobrar diferencias a los pacientes si las prepagas no les aumentan sus honorarios. Según Francisco Díaz, “los prestadores estamos pagando los sueldos con el aumento decidido en la paritaria. Las obras sociales y el PAMI reconocieron los nuevos aranceles. Ahora, necesitamos que las prepagas hagan lo mismo. Si no, no podemos seguir brindando los servicios, salvo que el afiliado pague una diferencia”.

En tanto, las prepagas argumentan que no pueden pagar más porque el Gobierno -más concretamente, Guillermo Moreno, Secretario de Comercio Interior- no les autoriza traspasar esos mayores costos a la cuota. Las prepagas quieren aumentar el 12% ahora y otro 7% a fin de año, porcentajes similares acordados por la paritaria de la Sanidad.

Susana Andrada, del Centro de Educación al Consumidor, que participó en el Congreso, alertó: “Hay un contrato que las prepagas tienen que respetar. Y no pueden ni restringir servicios ni cobrar diferencias a los afiliados que no fueron pactadas”. Asociaciones de consumidores ya comenzaron a recibir reclamos de usuarios de prepagas que sufren recortes en las prestaciones.

Clarin, 13/09/09

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Lunes, 14 de Septiembre de 2009

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