BlogSalud Información y opinión sobre la situación que atraviesa el sector de la “Medicina Privada” en Argentina

La Agremiación Médica se cansó de esperar y suspendió la cuenta corriente por el atraso en el pago de las facturas. Indicó que, para atenderse, los beneficiarios deberán abonar la consulta al contado. Ya había ocurrido lo mismo con otras Obras Sociales de la región.
Las dificultades que arrastra el sistema sanitario volvieron a evidenciarse ayer con el corte de prestaciones que la Agremiación Médica Platense (AMP) aplicó a otras tres obras sociales que, según se indicó, no cumplieron con el pago de las facturas.
De este modo, los beneficiarios de Futbolistas Agremiados, Osapm y Consolidar Salud (en este caso por débitos) no tienen más remedio que pagar la consulta al contado o atenderse en un hospital público.
El corte a esas Obra Sociales no constituye un episodio aislado. Por el contrario, se suma al que ya regía para Corte Suprema, Mandar Salud, Ospim (molineros) y Ossimra. Según indicó el secretario general de la AMP, Claudio Cardoso, el conflicto afecta a unas 20 mil personas en nuestra región.
Explicó que varias de esas OOSS “todavía adeudan las facturaciones de diciembre”, y dijo que cuando los médicos consigan cobrarlas ya habrán perdido dinero, en virtud de la inflación. “Está claro que si se llegó al corte es porque se agotaron otras instancias”.
Al ser consultado por Hoy, el dirigente subrayó que la situación de atraso es prácticamente generalizada (ya que las OOSS  y entidades de medicina prepaga no escapan a los problemas de la economía nacional). “Pero -advirtió- los médicos necesitamos cobrar como corresponde porque vivimos de nuestro trabajo”.
La entidad también informó que desde ayer quedó sin efecto el corte de prestaciones que venían realizando a las mutuales de Banco Provincia, Personal de Farmacia, Medife y al Instituto Médico Labor.
Mientras esperan el pago de las facturaciones, los médicos pugnan por una suba del 15% en sus aranceles a los que consideran “rezagados” respecto de los aumentos en el costo de vida.
Hace ya varios días que la AMP viene comunicando a las mutuales su voluntad de aplicar dicho aumento a partir de junio. Al respecto, Cardoso advirtió que “las que no acepten pueden terminar fuera del sistema”.

HOY.

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Aumento interanual entre enero de 2008 y el mismo mes de 2009
 De acuerdo con datos oficiales de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en el primer mes de este año había un total de 8,1 millones de aportantes al sistema.
 
En términos interanuales, la evolución de los aportes previsionales mantuvo el aumento La cantidad de aportantes al sistema de seguridad social se incrementó en enero de 2009 3,4% en comparación con igual mes de 2008, registrando un total aproximado de 8.100.000 aportantes, según datos oficiales publicados por la Administración Federal de Ingresos Públicos.
El número de cotizantes, tanto del sistema de seguridad social como del Sistema Integrado Previsional Argentino, fue de aproximadamente 7,2 millones, existiendo 38.308 cotizantes que aportan al primero, pero no al SIPA. Para ambos sistemas se registró un aumento de 1,8% aproximado respecto de igual mes de 2008.
Desglosando el total por el tipo de cotizantes al sistema de seguridad social, se observa que 5.646.689 personas corresponden a trabajadores en relación de dependencia, 400.426 a trabajadores que se encuentran en el régimen de autónomos (en ambas cifras se incluyen trabajadores mixtos) y alrededor de 1.167.178 a trabajadores monotributistas que no presentaron pagos de aportes voluntarios.
Si se compara con enero de 2008, la cantidad de cotizantes era de 7.090.768, de los cuales 5.610.666 eran trabajadores en relación de dependencia, con 442.060 autónomos y 1.036.363 monotributistas, con lo que se verifica un incremento en las variables en el primer mes del año en curso, con excepción del número de trabajadores autónomos.
Volviendo a los datos correspondientes al informe de enero de este año, se observa que el 93,7% de los empleadores tienen hasta 25 trabajadores y generan el 18% de la masa salarial, mientras que el restante 6,3% de los empleadores (26 o más trabajadores) generan 82% de la masa salarial, según el relevamiento de la AFIP.
Avanzando en el informe, se verifica que el 83,4% de los trabajadores cuyos empleadores presentaron declaraciones juradas pertenece al sector privado, generando el 80,6% de la masa salarial.
De acuerdo con los sectores productivos, para la AFIP la actividad que emplea mayor número de trabajadores, en el sector privado, es la industria manufacturera, con el 20,4% del total de empleos y el 25,4% de la masa salarial.
Yendo a las cifras, se expone que la recaudación en enero de 2009 fue de $9.469 millones, cifra que representa un aumento del 38,5% respecto del mismo mes del año anterior.
Estos datos y su comparación interanual se contraponen con versiones periodísticas que aseguraron que más de 200 mil trabajadores en blanco perdieron sus empleos, al realizar la comparación entre los meses de mayo de 2008 y enero de 2009, cuando en verdad mayo históricamente es un mes de actividad en alza y enero se caracteriza por una ralentización de la actividad y un descenso en los distintos ítems que registran la actividad productiva en el país.
El informe de la AFIP, en el ítem dedicado a las las obras sociales, indica que las doce entidades de mayor recaudación recibieron 50,3% del total del sector, mientras que las treinta de mayores ingresos concentraron 69,5% del mercado.
En este sentido, señalan que la obra social con mayor importe fue la de empleados de comercio y actividades civiles, con alrededor de $172 millones, lo que representa un 10,4% de la distribución total de fondos destinados al sector.
Le siguió la obra social, Organización de Servicios Directos Empresarios, con $146 millones, aproximadamente 8,8% del total del dinero girado al sistema.

HÉCTOR MEDINA

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Inquietudes sindicales no merecieron respuesta de la presidenta, quien tampoco se refirió a la demanda pendiente de fondos.

El inalienable derecho a la salud está consagrado entre aquellos establecidos por el artículo 42 de la Constitución nacional y en varios tratados internacionales con jerarquía constitucional.
Corresponde a una prestación de servicios tutelada por la ley 24240 y el “Código de implementación de los derechos de los consumidores y usuarios” (ley 13133).
Quedó escrito que la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) posee competencia específica para controlar y fiscalizar las obras sociales y mutuales inscriptas como agentes de seguro en un registro del Ministerio de Salud, especialmente para que se cumpla el “Programa médico obligatorio” (PMO), que establece las prestaciones mínimas para todos los prestadores (obras sociales, mutuales inscriptas como agentes de seguro y empresas de medicina prepaga).
También se encuentra vigente el “Programa médico obligatorio de emergencia” (PMOE), que modificó el listado de prestaciones obligatorias y los porcentajes de cobertura mínima.
Existen, asimismo, otras disposiciones para las prestaciones básicas y la cobertura con medicamentos (sobre todo de enfermedades crónicas).
Las empresas o entidades de medicina prepaga deben cubrir como mínimo, de acuerdo con la ley 24754/96, las mismas prestaciones obligatorias dispuestas para las obras sociales.

A comienzos de setiembre último, María Graciela Ocaña, ministra de Salud, intentó una reforma para que la Superintendencia de Seguros de Salud (SSS) –entonces a cargo de Héctor Capaccioli– no repartiera unos 700 millones de pesos anuales entre las obras sociales sindicales.
Tales recursos provenían de la Administradora de Programas Especiales (APE), que conducía Juan Antonio Rinaldi, quien durante más de 20 años estuvo cerca de Hugo Moyano, secretario general de la CGT, por ser abogado del Sindicato de Choferes de Camiones, además de dirigente del Partido Justicialista porteño.
La APE es un organismo descentralizado que financia –con recursos del Fondo Solidario de Redistribución y, en menor proporción, propios– prestaciones de alta complejidad cuyos costos las obras sociales no estarían en condiciones de asumir, así como también enfermedades crónicas como el sida.

Un mes después, la Auditoría General de la Nación (AGN) cuestionó la falta de rendición de cuentas, diferencias sin explicar en millonarias campañas de vacunación, pagos de deudas a las obras sociales en bonos y giros para coberturas en cesación de pagos.

Luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dictaminara contra el monopolio sindical, el 11 de diciembre, a pesar de que el artículo 14 bis de la Constitución garantiza la organización libre y democrática, el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) buscó compensar políticamente a la CGT con el nombramiento de Rinaldi al frente de la SSS tras la renuncia de Capaccioli, quien fue investigado por supuestas irregularidades.

Lo primero que hizo Rinaldi fue impedir la entrega de 100 millones de pesos a las obras sociales, aprobada por su antecesor, lo que desencadenó el choque de Moyano con Ocaña.
El líder de la CGT no recordó públicamente que un envío anterior de 48 millones no fue debidamente rendido, con las excepciones de las entidades que nuclean a los camioneros y los empleados de comercio.
Posteriormente Ocaña avaló la resolución de Rinaldi –acusado por Moyano de “borocotización”– de impulsar casi 400 sumarios demorados desde hacía varios años, en realidad la mitad de los 800 abiertos por irregularidades como recibir adelantos y luego no presentar los recibos correspondientes o efectuar compras irregulares de medicamentos.

El impulso de los sumarios representó un problema, sobre todo para los gremialistas investigados por desviar un crédito del Banco Mundial de unos 300 millones de dólares y ya beneficiados por la Cámara Nacional de Casación que declaró prescripta la causa.

La ministra acordó con Alberto Barbieri, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), para que hiciera una auditoría integral de la SSS y aportara normas de procedimiento ante los desvíos detectados por la AGN y la Sindicatura General de la Nación (Sigen).

Además, después de que Sergio Massa, jefe de Gabinete –y sucesor de Alberto Fernández–, respaldara a la titular de Salud cuando se conocieron operaciones que la daban por renunciada y las tres amenazas de muerte que recibió, una de ellas quizá de su propia custodia, Ocaña apoyó las siguientes medidas de Rinaldi:
• Dejar sin efecto una asignación de 100 millones de pesos a las obras sociales por no estar suficientemente claro el destino de los fondos, pero sí que se habrían destinado a gremialistas “amigos”.
• Rechazar pedidos para ofrecer “planes superadores” a los beneficiarios.
• Derogar el registro de proveedores de prótesis y ortesis, que existía en forma paralela a los controles de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), por sospechas de que habrían servido para exigir “peajes” a los empresarios.
• Eliminar la posibilidad de cambiar de obra social por correo.

Por un decreto del PEN, el 26 de enero último se modificó la ley de desregulación de las obras sociales y se condicionaron los traspasos de afiliados a otras (alrededor de 60) vinculadas con prepagas.
La medida obliga a quien desee emigrar de su obra social de origen a firmar el pedido de manera personal y en la sede de la obra social de destino, algo que se interpretó podría significar una obstrucción.
La CGT argumentó que la idea fue no dejar a criterio del empleador tal “elección”.

Más de 2 millones de monotributistas corrían el riesgo de quedar sin coberturas de salud, el 26 de enero pasado, cuando Armando Oriente Cavalieri, secretario de Acción Social de la CGT y secretario general de la Federación de Empleados de Comercio, advirtió que las obras sociales pretendían no verse obligadas a atenderlos si el gobierno no actualizaba los aportes.

Ocaña siguió soportando “operaciones” en su contra, como en febrero la de reemplazarla por Juan José Mussi, intendente de Berazategui. Llegó a comentarse que Néstor Kirchner la ubicaría como candidata a diputada en la provincia de Buenos Aires –algo que no ocurrió–, en tanto Moyano le reclamaba por teléfono más recursos.
La posibilidad del alejamiento fue frenada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner tras reunirse con ella.

Carlos Tomada, ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, escuchó en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el 11 de febrero, quejas de la cúpula de la central obrera por el fallo de la CSJ en favor de la libertad sindical y la perspectiva de que el gobierno otorgara personería jurídica a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), intención que no se concretó.

En marzo trascendió que Moyano estaría dispuesto a invadir las oficinas de la SSS para recuperar los reintegros de la APE, cuando las obras sociales y las prepagas debieron comenzar a cubrir el alcoholismo y otras enfermedades. No sorprendió entonces que se hablara de una “estrategia de despegue” del gobierno por la CGT ni que su secretario general proclamara: “los únicos que podemos sostener al gobierno somos nosotros” y que “de los políticos peronistas ya sabemos que no podemos esperar nada”.

El consejo directivo de dicha central aguardaba ir a la Casa Rosada el 15 de abril para reiterar su apoyo a la presidenta, transmitirle su preocupación por el mantenimiento de los puestos de trabajo y el poder adquisitivo de los salarios y detallar los motivos de su enfrentamiento con Ocaña.
Durante los cinco días que transcurrieron hasta que se hizo el encuentro se conoció un proyecto de la CGT para subsidiar el desempleo de trabajadores en empresas afectadas por la crisis.
No obstante manifestar que estaban a favor del modelo económico, las inquietudes de la central obrera no tuvieron respuestas de la presidenta, quien tampoco se refirió a la demanda de fondos.

Al día siguiente la CGT negó haber recibido una prebenda presidencial de 156 millones de pesos y aclaró que formaban parte de la adjudicación trimestral y automática de recursos para su redistribución en las obras sociales, que en realidad debía ser de 290 millones.

Florencio Randazzo, ministro del Interior, aseguró el 26 de abril que “no se ha hablado absolutamente de ningún cambio de gabinete”, en relación con la posible “renuncia” de Ocaña, luego de las elecciones del 28 de junio próximo.

La CGT buscó aprovechar el acto por el Día del Trabajo para demostrar fortaleza ante el gobierno y no aceptó la presencia de Néstor Kirchner. Aunque no lo proclamó explícitamente, la intención fue contrarrestar la decisión de la CSJ sobre libertad sindical y conseguir puestos estratégicos en las listas de candidatos oficialistas para las elecciones y los cargos reiteradamente reclamados en los ministerios de Salud y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Ahora Moyano aguarda que se cumpla la promesa de alguien con excesivo poder y Ocaña se vaya después de que se superen los problemas del dengue y la gripe porcina, así como que el PEN no envíe al Congreso, como se dijo, un proyecto de reforma de la ley de asociaciones sindicales.

Miguel Ángel Fuks
miguelangelfuks@yahoo.com.ar

http://www.rionegro.com.ar/diario/economico/2009/05/17/18966.php

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