BlogSalud Información y opinión sobre la situación que atraviesa el sector de la “Medicina Privada” en Argentina

La empresa de medicina prepaga OSDE Binario denunció “presiones del Gobierno” para “frenar” por tiempo indeterminado la afiliación de empleados con obras sociales sindicales.

“Hace unos veinte días, la orden fue que frenemos los cambios de los afiliados a obras sociales sindicales”, reconocieron fuentes de esa empresa. La elección no parece ser al azar. Se trata de la prepaga de medicina que más afiliados le quita al sistema de salud sindical, principal combustible económico de los gremios. “Sólo esta empresa se lleva 10 mil afiliados por mes”, explican. En la empresa se negaron a identificar qué organismo del Gobierno envió el mensaje, pero aseguraron: “El temor es que si no cumplimos, vengan con algo peor. El principal miedo de las prepagas es que se termine aprobando una ley o dictando un decreto que las obligue a cubrir todas las enfermedades preexistentes a la afiliación de los pacientes, en especial las de alta complejidad y mayor costo, como las enfermedades oncológicas, el sida y la drogadicción”.

En la CGT, en tanto, negaron tener conocimiento de las “presiones” a prepagas, y aseguraron: “Este sistema va a terminar estallando. Las prepagas se llevan los afiliados sanos, jóvenes y mejores pagos. Pero cuando colapse el sistema de salud, el Gobierno va a tener que sentarse a negociar con las obras sociales de los sindicatos”. La decisión de frenar los traspasos, un pedido insistente de la CGT al Gobierno, es “informal”. “No hay nada firmado”, admitieron en la empresa. En la Cámara de Empresas de Medicina Prepagas se negaron a responder a este diario.

PERFIL

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Con la reglamentación de la Ley Nacional de Epilepsia, anunciada oficialmente la semana pasada, los tratamientos de esa enfermedad quedan incorporados al Plan Médico Obligatorio. Aún falta la adhesión de las provincias para su aplicación plena.
Con la puesta en práctica de la Ley Nacional de Epilepsia, reglamentada por el Poder Ejecutivo, los tratamientos y las drogas que se utilizan para tratar esta enfermedad se incluyen en el Programa Médico Obligatorio, que todas las obras sociales y empresas de medicina prepaga tienen obligación de cubrir.

El anuncio fue realizado el viernes por el Ministerio de Salud, en una acto del que participaron organizaciones que nuclean a pacientes que padecen la enfermedad. Según estimaciones del Ministerio, entre 4 y 10 personas por cada mil están afectadas por la epilepsia.

El Proyecto de Ley de Epilepsia fue presentado en 1999 en el Congreso de la Nación por dos integrantes de organizaciones que se dedican al tema, Silvia Kochen, jefa del servicio de Epilepsia del Hospital Ramos Mejía, y Jorge Lovento, paciente recuperado.

La ley fue sancionada el 7 de Marzo de 2001 y recién se reglamentó el 27 de enero último, mediante el decreto 53/2009.

La presentación de la ley fue organizada por la Liga Argentina de Lucha Contra la Epilepsia (LACE), el Grupo Epilepsia de la Sociedad Neurológica Argentina, la Fundación de Epilepsia (Fundepi) y el Ministerio de Salud de la Nación.

El acto contó con la presencia de Silvia Kochen, quien además es asesora de la ministra de Salud, Graciela Ocaña, quien señaló que “la reglamentación de la Ley permitirá incorporar a los pacientes al Programa Médico Obligatorio de Emergencia y también establecerá guías comunes para diagnosticar y tratar a los pacientes en todo el país”.

En el mismo acto y en cumplimiento de la reglamentación, el Ministerio invitó a la comunidad, organizaciones científicas y no gubernamentales vinculadas con la Epilepsia, a constituir la comisión técnica que tendrá la responsabilidad de la implementación de la ley, así como convocar a la adhesión de las provincias a la norma.

La ley establece que todos las personas con epilepsia no podrán sufrir ningún tipo de discriminación en su educación, vida laboral y que los tratamientos y las drogas que se utilizan para tratar esta enfermedad se incluyan en el Programa Médico Obligatorio.

El mayor problema que enfrentan los pacientes con epilepsia es la falta de recursos diagnósticos y de tratamiento, la discriminación, la ignorancia, y los estigmas, que provocan más afectación que la epilepsia en sí misma.

Cuando terminó la presentación, AUNO dialogó con Jorge Lovento, presidente de Fundepi y coautor de la ley, quien manifestó su satisfacción por la reglamentación de esta ley,en especial en lo que hace a la no discriminación escolar o laboral “porque muchas veces, cuando hay que buscar trabajo las personas con esta enfermedad tienen que mentir sobre su condición”.

“También está el tema de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo que ahora van a tener que tratar este tema –enfatizó Lovento–. Le hemos ganado un setenta por ciento al desierto; ahora falta que las distintas comisiones que se encargan de medicamentos, tratamientos y los otros temas empiecen a trabajar con los médicos de todo el país”.

AUNO

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Ayer la CGT dejó sobre la mesa de Cristina Kirchner un listado de reclamos por las obras sociales y varios beneficios sociales como el salario familiar y el seguro de desempleo.
Aunque es un sostén del oficialismo, están en juego varios millones de pesos que Hugo Moyano y demás sindicalistas aseguran que son de las obras sociales. Concretamente, para la CGT, el Gobierno se está quedando con una parte de los $ 200 millones mensuales que pertenecen a las obras sociales.
El principal reclamo tiene que ver con los excedentes de 2008 y la recaudación de este año del Fondo de Redistribución, que se nutre de un porcentaje de los ingresos de las obras sociales. Ese Fondo -que recaudó el año pasado $ 2.250 millones- garantiza un piso por afiliado a las obras sociales y financia las altas complejidades médicas.

Los reclamos son:
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El Gobierno no distribuyó los excedentes del año pasado que, según la ley 23.661, fija que deben ser repartidos entre las obras sociales, “en proporción a los montos con que hubieran contribuido durante el mismo período”. Y está “pisando” la distribución del remanente de lo que va del año.

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Desde marzo pasado, el Fondo no está reponiendo los gastos de alta complejidad: son unos $ 80 millones por mes.

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En noviembre de 2008, a instancias de la ministra de Salud Graciela Ocaña, la Superintendencia dejó “sin efecto” la distribución del Fondo de Prevención, creado en 2007. El argumento fue que la Superintendencia “no es el Organismo encargado de subsidiar los Planes y Programas de Prevención”, pero lo real es que en Salud dicen que las obras sociales no rindieron los fondos recibidos.
Hasta entonces se habían distribuido $ 48 millones de los $ 100 millones previstos.

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Autónomos y monotributistas: la cuota de salud es una suma fija de $ 46,75 por mes. Eso, según la CGT, rompe el criterio de “solidaridad” del sistema por el que los que más ganan, pagan más para financiar la salud de los sectores de menores ingresos.

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Cuestionan los traspasos de afiliados a las prepagas porque por esa vía la medicina privada se lleva los afiliados de mayores ingresos, desfinanciando al sistema.
Pide que parte del aporte quede en la obra social de origen.

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En materia social, la CGT plantea duplicar el monto del seguro de desempleo que hoy tiene un tope de $ 400. Y sostiene que el Fondo que financia esos beneficios, y que se forma con los aportes y contribuciones, tienen excedentes que están siendo utilizados para financiar al Tesoro.

Clarin.

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