BlogSalud Información y opinión sobre la situación que atraviesa el sector de la “Medicina Privada” en Argentina

Si bien las empresas de medicina prepaga son las principales interesadas en que el Gobierno otorgue el visto bueno para que se apliquen los incrementos, los prestadores de estas compañías (clínicas y sanatorios, entre otros), también están a la expectativa de lo que pueda ocurrir.

Hasta hace 15 días la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (Cadime) –que agrupa a este tipo de firmas– estaba confiada en que en febrero comenzarían a correr las nuevas tarifas, algo que ahora está en duda.

Desde otra asociación que reúne a las prestadoras de las prepagas dijeron que “más allá de que les den o no el aumento, para nosotros es imperioso que recompongan nuestra situación. El año pasado acordamos con los trabajadores incrementos salariales del orden del 25%, pero lo cierto es que todavía no vimos un peso por parte de las empresas de medicina”, argumentaron.

El último incremento autorizado por el Gobierno se había dado en agosto del año pasado, y había promediado un 10%.

El costo de la medicina prepaga es desde hace tiempo una dura pelea entre el Gobierno y las firmas.

El sector no está regulado por ley, aunque algunos anos atrás se tomó la determinación por parte de las autoridades oficiales de poner un pie en el tema, de modo de evitar que los incrementos sean elevados.

En este sentido, hay proyectos presentados incluso por parte de la propia Cimara, la cámara que agrupa a las compañías del segmento, aunque hasta el momento no se produjeron avances significativos.

Las compañías se quejan de que su rentabilidad no supera el 4 por ciento.

El cronista.com
29/01/09

Publicado en la categoría Actualizacion de aranceles a prestadores

EXIGEN QUE HAYA SUBA DE APORTES Y UNA REFORMA INTEGRAL DEL SISTEMA DE SALUD
Quieren suspender desde marzo la cobertura a monotributistas 

 Los gremios no están dispuestos a esperar indefinidamente por una respuesta oficial a su reclamo para aumentar el aporte mensual que pagan los monotributistas por utilizar los servicios médicos que brindan las obras sociales.

Si en 60 días, el Gobierno no avanza con alguna iniciativa para reformular el sistema y garantizar mayores ingresos a las obras sociales, alrededor de 1,5 millones de monotributistas se quedarían sin cobertura de salud.

La decisión ya fue consensuada entre la primera línea de la central obrera que conduce Hugo Moyano y será uno de los temas de discusión mañana en la reunión de de la llamada mesa chica de la entidad.

Según anticiparon voceros sindicales, la idea es que el próximo encuentro del consejo directivo cegetista establezca que si no hay una definición sobre el incremento de los aportes durante los próximos 60 días, los gremios procedan a la suspensión de los servicios de salud a los monotributistas.

“Este es un tema recurrente que no se resuelve y sigue generando problemas de financiamiento a las obras sociales. Vamos a dar el último plazo para esperar respuestas, pero si no aparecen no vamos a seguir atendiendo a los monotributistas”, advirtieron ayer cerca de Moyano. En la CGT consideran que el problema de la cobertura sanitaria de esos contribuyentes no se resuelve solo con un suba de los montos de los aportes, y exigen una nueva ley que reformule todo el sistema y disponga franjas diferenciadas de aportes según el nivel de ingresos, tal como ocurre con las contribuciones de los trabajadores en relación de dependencia.

Actualmente los monotributistas pagan mensualmente $ 37 a las obras sociales sindicales por su atención médica y la de su grupo familiar, lo que representa apenas un tercio del aporte promedio de un empleado registrado. En los sindicatos opinan que para equilibrar el sistema habría que tratar de equiparar la contribución de los monotributistas con la de los trabajadores activos.
El Cronista
27/01/09

Publicado en la categoría Obras Sociales

Avanzarían contra la libertad de elegir obra social
Se Eliminan mecanismos que estaban previstos para hacer el trámite de opción a distancia

La Superintendencia de Servicios de Salud dispuso restringir las vías que existían para facilitar el trámite de cambio de obra social en los casos en que el trabajador tiene su residencia a cierta distancia de la oficina habilitada por la entidad de salud para ejercer la opción.

Mientras según el Gobierno la modificación se dispuso en razón de “quejas y reclamos” referidos al esquema de opciones, desde el sector de las prepagas y de las obras sociales favorecidas por los traspasos (que en muchos casos son las que tienen convenios de prestación de servicios con empresas privadas) se sostiene que es un paso dado con la intención de dificultar que los trabajadores puedan elegir libremente el destino de los aportes y contribuciones salariales para el sistema de salud.

La libre elección de una obra social es un derecho que tienen los trabajadores desde 1998. En los últimos años, muchos optaron por derivar aportes a entidades sindicales que tienen contratos de prestación médica con prepagas. Así, pagan la cuota o una parte de la cuota del plan elegido con los recursos derivados del descuento salarial.

El Gobierno tiene redactado desde hace un tiempo el texto de un decreto que restringe fuertemente las posibilidades de opción. Por ejemplo, se permitiría el cambio de una entidad a otra, pero el empleado no podría disponer de la totalidad de su aporte, sino sólo de una parte, lo que hace menos atractiva la posibilidad del pase. Y se limitaría el ejercicio del derecho a unos meses por año.

Los cambios dispuestos
En cuanto a los cambios dispuestos por la Superintendencia, hasta hace poco, cuando el domicilio de residencia del trabajador se encontraba a más de 100 kilómetros de la oficina habilitada por la obra social elegida, la documentación podía enviarse por correo, o bien podía requerirse que un empleado de la entidad de salud se acercara al hogar de la persona trasladando allí el libro en el que se debe firmar la opción (en la generalidad de los casos, ese libro no puede ser retirado de las oficinas).

Ahora, con la vigencia de la resolución 995, firmada a fin de año por el superintendente Juan Rinaldi, esa posibilidad queda anulada. Un artículo de esa norma establece que el libro de pases de cada obra social sólo podrá moverse cuando el beneficiario que quiera hacer el traspaso no pueda moverse de su casa por razones de salud. Para verificar eso se exige un certificado médico.

La regulación, aún sin debate

En agosto último, desde el Gobierno se anunció que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner había decidido impulsar un proyecto de ley para regular la actividad de las prepagas, una cuenta que está pendiente desde hace años. El proyecto, sin embargo, no avanzó, y en el sector privado ahora existe preocupación por las intenciones oficiales de avanzar contra el derecho de los trabajadores a elegir a qué entidad derivar los recursos de sus aportes salariales.

Fuente:
La Nacion
16 de enero de 2009

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