BlogSalud Información y opinión sobre la situación que atraviesa el sector de la “Medicina Privada” en Argentina

 

Dr. Gustavo Mammoni, Presidente de CONFECLISA

El balance del 2008 fue dentro de todo positivo, si bien quedaron algunas asignaturas pendientes y algunos temas, otros se alcanzaron a solucionar como el régimen de facilidades de pago de la AFIP, que de alguna forma se logró que las clínicas regularizaran su situación, y todo el sector, incluyendo las obras sociales se acogieron al régimen de facilidades de pago. Es muy importante este aspecto ya que al regularizar la situación, nos brinda la posibilidad de acceder al crédito.

Aranceles
Con respecto a aranceles, en cierta forma las obras sociales, prepagas y el PAMI acompañaron el incremento de los costos por aumentos salariales.

En este sentido, el 60% de nuestros costos se fueron actualizando con los ingresos de obras sociales, que se logró con una resolución de la Superintendencia, que después dio marcha atrás y hoy estamos esperando un dictamen para algunas obras sociales que protegiéndose en una resolución revocatoria de la otra no dieron el aumento, pero en líneas generales casi todos dieron un aumento para cubrir el incremento salarial. El dictamen aclaratorio todavía no se postuló, estamos preocupados porque en diciembre tenían que aumentar un 10% las obras sociales. 

Reclamamos por el otro 40% de nuestros costos, que son salarios y se dispararon, los insumos nacionales, importados, medicamentos en un año inflacionario se dispararon y estamos reclamando que se reconozca este aumento de los costos del otro 40% que no son salarios. 

Queda como un tema no resuelto el pago de la deuda de PAMI, de los 7 meses de 2001-2002 que todavía no se ha resuelto, y algunas reformas impositivas que en su momento solicitamos vinculado al crédito fiscal IVA, que nosotros porque no podemos trasladarlo a los afiliados de las obras sociales obligatorio entonces nos queda un crédito fiscal IVA muy importante que no podemos utilizar, más del 5% de nuestra facturación. 

Otro aspecto es el impuesto al cheque, donde hay que involucrar a las obras sociales que manejan fondos de terceros como las ART y como las manejaban las AFJP y no pagaban impuesto al cheque, también la ganancia mínima presunta, que es sobre lo que se factura, y no sobre lo que se cobra, y sabemos que en este sistema tenemos mucha incobrabilidad. Son reformas que se solicitaron en su momento y no prosperaron, esperamos que el año que viene pueda prosperar.

Con respecto al sector salud en general nos preocupa la accesibilidad, vemos con mucha preocupación el problema de la formación de recurso humano, la inequidad en salud en distintas provincias y cómo se han caído los presupuestos de los ministerios de salud provinciales, realmente nos preocupa y coincidimos con la Lic. Ocaña en la necesidad de una Ley Federal de Salud, que además de marcar las competencias en un sistema muy fragmentado asegure el financiamiento. 

Perspectivas
Para el 2009 vemos que quedaron temas pendientes de este año, vamos a empezar el año complicados porque las prepagas dieron marcha atrás con el aumento de las cuotas, entonces va a ser complicado pedirles que aumenten los aranceles como se había establecido. Hemos pedido una reunión con el Ministerio de Trabajo para ver cómo solucionamos este aspecto. 
Impacto de la crisis

Vemos con preocupación el impacto de la crisis internacional en Argentina, donde la economía puede repercutir en el salario que es la fuente de financiamiento de la seguridad social. Este aspecto se ve con preocupación, tanto las obras sociales como el sector van a necesitar una línea como ha sacado para otros sectores la presidencia de la Nación para asegurar las fuentes de trabajo. 
PMO

Otro tema es retomar el costeo del Plan Médico Obligatorio (PMO), ya que el último cálculo que hizo la Superintendencia estaba cerca de 42 pesos y hoy los cálculos que han hecho de las obras sociales están por encima de los 60 pesos. Hacer un cálculo real, si lo que le asegura a cada obra social el fondo de redistribución con 42 pesos es distinto que si fueran 60 pesos. Sobre el costeo del PMO si realmente son 70 pesos, veremos como se financia, si le alcanza a la seguridad social o si se tendrá que poner plata del estado nacional o en esta nueva emergencia sanitaria que se promulgó nuevamente ver si el costo del PMO es más alto que lo que se supone, ver si no tendremos que hacer un PMO de emergencia porque sino no sabemos el financiamiento. 

Es importante trabajar en la formación del recurso humano y fundamentalmente en áreas críticas como terapia intensiva, neonatología, junto con el ministerio de Salud, las facultades, las entidades científicas y las asociaciones intermedias tienen que ponerse de acuerdo y hacer un plan a nivel nacional porque mucha de la formación de posgrado hoy no depende de las facultades directamente. Tendremos que ponernos a trabajar seriamente en un programa nacional para el sistema.

Dr. Gustavo Mammoni, 

un diálogo publicado por

Consultor de Salud

dic 08.

 

 

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Regalo de fin de año para los sindicatos
Carlos Pagni
Para LA NACION

Como las dificultades fiscales impidieron el pago de una suma extra de 500 pesos para los trabajadores, Néstor Kirchner resolvió aplacar el mal humor de los sindicalistas regalándoles una fenomenal victoria corporativa: el Gobierno reducirá a cero la libertad de opción dispuesta a partir de los años 90 en el sistema de salud.

La Nacion lo adelantó el 24 de noviembre: un decreto impulsado por la Superintendencia de Salud, a cargo de Juan Rinaldi, abogado del Sindicato de Camioneros, impedirá que los asalariados puedan dejar la obra social de su gremio. La norma se publicaría esta semana, siempre que la superintendencia, la Secretaría Legal y Técnica y la AFIP superen el enredo reglamentario en el que quedaron atrapadas desde que comenzaron a redactarla.

Tres cláusulas principales harán que los sindicalistas recobren el control monopólico del aporte de los trabajadores a la salud: a) los que ingresen a un nuevo empleo deberán permanecer por lo menos 6 meses en la obra social de su gremio; b) sólo se podrá migrar a otra durante un mes determinado, pero se podrá volver a la de origen en cualquier momento; c) el que decida pasarse dispondrá de una mínima fracción de su contribución, ya que deberá seguir pagándole a la obra social que abandona el equivalente al aporte promedio de su actividad (la AFIP todavía no encontró el modo de implementar esa discriminación).

Las inconsistencias jurídicas y políticas de estas reglas saltan a la vista. Por ejemplo: hasta el viernes el proyecto de decreto no aclaraba si las restricciones serían retroactivas. Si lo fueran, colapsarían las organizaciones de medicina prepaga, ya que el 60% de su clientela proviene de afiliados insatisfechos con su obra social. Con el nuevo régimen, los trabajadores sólo dispondrían de una porción ínfima de su cuota, que será insuficiente para acceder a un plan prepago.

En cambio, si las nuevas disposiciones no fueran retroactivas, como prevé el Gobierno, habría empleados de primera clase, que seguirán derivando a la entidad que prefieran la totalidad de su aporte, y de segunda, que sólo controlarían la diferencia entre su aporte y la contribución promedio de su actividad.

La aberración más notoria de los cambios que se avecinan no deriva de sus incoherencias reglamentarias, sino del concepto que los inspira: la obligación de dejar parte del aporte en la obra social que se quiere abandonar es un insólito premio a la ineficiencia.

Si un trabajador fue maltratado por una entidad y decide buscar una mejor cobertura -lo que casi siempre supone pagar una suma extra al aporte básico- deberá aumentar de manera muy significativa su gasto en salud, ya que casi toda su contribución la seguirá cobrando la institución de la que se quiere ir. Esa institución ya no estará obligada a prestarle servicio alguno.

El primer mandamiento de la corrupción, cobrar por no hacer nada, será fijado por decreto. ¿Firmará Cristina Kirchner semejante dislate?

Tal vez lo haga. La idea que organiza esta reglamentación hace juego con la incautación de los ahorros jubilatorios: también el aporte al sistema de salud pertenecería al Estado y no al trabajador.

Por eso el Gobierno dispondrá de él para premiar a los sindicalistas incompetentes. Ahora bien, si la contribución al sistema de salud no deviene de un ingreso que el asalariado puede derivar donde le plazca, sino que se trata de un impuesto, tal vez sea insuficiente un decreto y, para disponer lo que el sindicalismo les exige a los Kirchner ante la inminente recesión, haga falta una ley.

Ya hay abogados preparando recursos de amparo para cuando se publique la norma.

Competencia
Las deformaciones que está por alentar el oficialismo son, tal vez, inevitables, como sucede con todo intento por mejorar un engendro: en el sistema de salud argentino conviven, de manera inconciliable, el principio de la competencia con el de la solidaridad.

Los sindicalistas denuncian que la desregulación anuló el criterio por el cual los peores salarios se compensaban con los mejores para permitir un financiamiento equilibrado de las obras sociales. Los afiliados de mayores ingresos -se quejan- salieron del sistema para buscar servicios más calificados en las prepagas.

¿Habrá tenido algo que ver en ese éxodo la decadente calidad de la medicina sindical? De eso no se habla.

Para evitar la distorsión que aducen los sindicatos, Carlos Menem y Fernando De la Rúa reconocieron un límite: la libertad de opción sólo se ejercería dentro del universo de entidades sindicales.

La restricción duró poco: muchas obras sociales, algunas de ellas casi inexistentes de tan pequeñas, se asociaron a prepagas y comenzaron a operar como una ventana a través de la cual los aportes saldrían del sistema sindical. Con los planes de cobertura privados como imán, organizaciones que no tenían más de 1000 afiliados llegaron a superar los 200.000.

Con las nuevas medidas, el Gobierno prepara también castigos para los gremialistas que pusieron sus organizaciones al servicio de las prepagas, para que éstas afiliaran a empleados que, de otro modo, no podrían contratar los servicios que desean.

El primer caso será el de Hugo Buisel Quintana, de la Obra Social del Personal de Organismos de Control (Ospoce), a través de la cual se accede a la cobertura de Swiss Medical, de Claudio Belocopitt.

A Quintana lo acusan de haber invertido recursos de los afiliados en actividades lucrativas dentro y fuera del país. Le intervendrán Ospoce que es, después de Comisarios Navales, la entidad que más afiliados recibió: alrededor de 200.000, lo que suma aportes por 24 millones de pesos.

Los directivos de las prepagas están muy inquietos ante la inminente reforma. En vísperas de la Navidad se reunieron en una vinería de la calle Buschiazzo para un brindis. El más demandado esa tarde fue Julio Fraumeni, de “Tim-Galeno”: “¿Por qué no hablás con Armando?”, le sugirieron. “Imposible, con Cavalieri terminamos muy mal”, contestó Fraumeni, cortante.

No estaban desorientados lo que pedían esa gestión: Cavalieri es el verdadero autor de la reglamentación que el superintendente Rinaldi suscribió sin demasiado examen. El secretario general de los Empleados de Comercio controla Osecac, la obra social que más afiliados expulsa. Pero no se lo castigará por eso: al contrario, están por darles los instrumentos legales para que pueda amarrar a sus -digámosle así- beneficiarios.

Sería un error, sin embargo, imaginar un conflicto político entre los sindicatos y los dueños de las prepagas.

Lo prueba el pedido a Fraumeni y su respuesta: lo que terminó mal con Cavalieri fue una antigua relación que derivó en emprendimientos, como Medicina Integral Metropolitana (MIM), una prepaga.

El ejemplo de Cavalieri y MIM, uno entre tantos, ilustra la carencia de prejuicios de los sindicalistas hacia las empresas privadas. Muchos las contratan como prestadoras para sus obras sociales.

Eso sí, lo que un gremialista jamás aceptará es no ser él quien firma el convenio del que derivan ventajas visibles e invisibles. En otras palabras: lo que debe prohibirse es que sea un asalariado el que, con la libertad que le da su aporte, contrate a la prepaga

La Nacion
29/12/08

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EL REGALITO MÁS PEDIDO

La ministra Ocaña le prometió a Hugo Moyano destrabar un decreto que sumará millones a las prestadoras gremiales. 
 Por Mariano Martín

Los sindicatos recibirán para sus obras sociales el regalo de fin de año que no lograron para sus representados. La ministra de Salud, Graciela Ocaña, se comprometió con el jefe de la CGT, Hugo Moyano, a destrabar un decreto que inyectará 250 millones de pesos anuales en las prestadoras de los gremios.

La medida se sumará a otra publicada esta semana en el Boletín Oficial que incrementó en promedio 26% los valores mínimos garantizados percibidos por las obras sociales. En total, se calcula que el paquete aportará 450 millones de pesos al año a los gremios. Las promesas, sin embargo, no terminaron de conformar a los sindicalistas, que advirtieron que volverán a la carga con su aspiración de máxima: el control total de los fondos de la seguridad social.

Un paso clave para ese objetivo lo consiguieron con el nombramiento reciente de Juan Rinaldi al frente de la Superintendencia de Servicios de Salud, en reemplazo de Héctor Capaccioli, un funcionario que reportaba a Alberto Fernández. Rinaldi, en cambio, era abogado del sindicato de camioneros, de Moyano, entre otros gremios, y su ascenso en la administración pública amenaza con golpear las puertas del Ministerio de Trabajo.

El compromiso asumido por Ocaña y Rinaldi apunta a reducir el aporte que las obras sociales deben hacer para sostener las prestaciones de alta complejidad y la estructura de seguridad social del Estado.

En la actualidad, los gremios sufren un descuento de 15% sobre los aportes de cada afiliado que gana por encima de 1.000 pesos, en un esquema que no se modificó desde 2001 a pesar de la inflación acumulada. En rigor, el descuento sobre los aportes es de 10% para los salarios por debajo de 1.000 pesos, pero las subas de los últimos años desactualizaron ese monto y ubicaron a casi todos los salarios en el rango de 15 por ciento.

Sobre este punto, Ocaña le aseguró a Moyano, en un encuentro que mantuvieron días pasados, que próximamente se fijará un nuevo esquema que descontará 12% sobre los aportes de los sueldos de hasta 2.900 pesos, y de 15% para los ingresos por encima de esa cifra. Rinaldi, por su parte, les dijo a los sindicalistas que la medida requerirá de la firma de un decreto. Los técnicos de los gremios evaluaron que el ajuste sumará unos 250 millones de pesos al año que hasta ahora se derivan al Estado.

El aporte salarial a la seguridad social es de 9% (3% a cargo del trabajador y 6% del empleador) y de ese porcentaje el Estado retiene fondos para sostener, además de las prestaciones complejas, el funcionamiento de la Superintendencia de Salud y de la Administración de Programas Especiales (APE).

Más que por nivel del aporte, la queja central de los sindicatos en este sentido tiene que ver con que los fondos, que a su juicio deberían circular en el sistema de seguridad social, terminan por ser absorbidos en el Presupuesto nacional, y por lo tanto quedan sujetos a las restricciones de esas partidas.

Moyano y la CGT pretenden manejar esos recursos con el argumento de que pertenecen a los trabajadores y no al Estado.

El primer paso del paquete sanitario se concretó este miércoles con la publicación de la resolución 1.765, que ajustó con un 26% de aumento los valores mínimos garantizados que perciben las obras sociales por la atención de pacientes que no les son propios. La medida beneficiará en particular a sindicatos como Unión Ferroviaria, Luz y Fuerza, Asociación Bancaria, Sanidad y Comercio, que atienden en sus obras sociales a jubilados que optaron por esas obras sociales en lugar del PAMI. Para estos casos, la suba del reconocimiento será de $91,50 a 114,50 pesos por afiliado.

También se ajustaron los valores, congelados en los últimos dos años, de todos los demás rangos de edad y de ambos sexos derivados a las obras sociales. La medida será retroactiva al 1 de diciembre y representará para los gremios un ingreso extra de 200 millones de pesos al año.

Se prevé que como correlato de esta resolución aumentarán los aportes de los monotributistas y del personal doméstico, que perciben atención de las obras sociales a cambio de 37 pesos mensuales. De aplicarse el mismo criterio que con los mínimos garantizados, el aporte deberá subir a 47 pesos.

Como parte del mismo paquete, quedó pendiente un viejo reclamo de los sindicatos, que consiste en frenar los traspasos de beneficiarios entre obras sociales, que derivan por lo general a las que realizaron acuerdos con empresas de medicina prepaga. El proceso se denomina “descreme” en la jerga sanitaria, porque priva a las obras sociales de los afiliados más jóvenes y con mayores ingresos.

Critica Digital
28/12/08

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