Carlos Pagni
Para LA NACION
Mientras los presagios de una inquietante crisis social aparecen aquí y allá, Néstor Kirchner se dispone a pactar con la CGT de Hugo Moyano varias medidas que desalienten la fuga de afiliados de las obras sociales a las empresas de medicina prepaga. En las próximas semanas, entonces, Kirchner reforzará la cautividad de los trabajadores en el sistema sindical de salud.
Al mismo tiempo que se negocia este acuerdo con la CGT, en varias oficinas del Gobierno se estudian otras reformas para que la Superintendencia de Salud reemplace a las obras sociales en la contratación de prestaciones e insumos. Esas medidas no servirán a un entendimiento. Al contrario, serán materia de negociación y, si se concretan, de guerra. Porque al insinuar una progresiva estatización del sistema, amenazan el poder de los gremios con un recorte superior al que efectuó el fallo de la Corte Suprema en favor de la libertad sindical.
Sería un error desvincular un programa de otro. Kirchner parece estar ensayando una estrategia de azúcar y rebenque para relacionarse con los gremios durante la crisis.
Las restricciones que se impondrán ?probablemente a comienzos del mes próximo? a la desregulación del sistema de obras sociales fueron motivo hace 15 días de una reunión de Graciela Ocaña con Armando Cavalieri, secretario de Acción Social de la CGT. Cavalieri dejó sobre el escritorio de la ministra de Salud el viejo inventario de reproches al régimen por el cual los afiliados pueden transferir su aporte a obras sociales cuyo único servicio es ofrecer los planes de cobertura de compañías privadas. Ocaña se comprometió a eliminar el defecto central que denuncian los gremios: como esas transferencias no tienen límites, las prepagas terminan capturando a los contribuyentes más valiosos del sistema, que son los mejor remunerados y los más sanos. En la jerga sanitaria esa operación se conoce como “descreme” y supone, para los defensores del régimen sindical, una quiebra en el principio de solidaridad, ya que en las obras sociales sólo permanecen los empleados de menores aportes.
Ese argumento de los gremialistas suele ser, a la vez, recusado: la solidaridad es mínima porque rige sólo en los límites de un gremio y, aun así, no asegura servicios de la misma calidad en todo el país. Es decir, es sólo una coartada para evitar la competencia, en detrimento de la calidad.
Dilemas
Ocaña suele sostener que estos dilemas sólo se superarían con un cambio radical del modelo de administración de la salud. Mientras tanto, sus colaboradores estudian las pretensiones sindicales. Una consiste en obligar a quienes se incorporan al mercado laboral a mantenerse en la obra social de su actividad durante un año. Otra sería suspender los pases por un tiempo, para después habilitarlos, en un período breve, sólo una vez al año. Los que cambien deberían dejar una parte de su aporte en la entidad de la que migran. Las comisiones que cobran las obras sociales que sirven de puente hacia una prepaga no podrían superar los gastos administrativos. Y no podrían incrementar su padrón de afiliados en más del 20%.
Este pacto de Kirchner con los gremios inspira tenebrosas fantasías en los ejecutivos privados. Guillermo Moreno ya habría dado la pista de una embestida del oficialismo la semana pasada, cuando le dijo al accionista de una prepaga líder: “Pórtense bien con los precios porque después de las AFJP vienen ustedes”.
Con las medidas que estudia Ocaña los sindicalistas acaso encuentren un alivio para el daño que les provocó la Corte. Pero también cabe sospechar que las concesiones de Kirchner sean una gigantesca dosis de anestesia para que resulte menos traumática la cirugía que también se prepara en varias dependencias del Gobierno.
Ocaña ya mostró el bisturí a los sindicatos. Después de reemplazar a Héctor Capaccioli por Juan Rinaldi en la Superintendencia, y de tomar allí el control de las principales gerencias, anticipó que depurará los padrones de las obras sociales. Esos listados incluyen a trabajadores que hace años dejaron de serlo por el desempleo, la jubilación y, aun, la muerte. En febrero de 2004, por ejemplo, computaban 14.279.407 afiliados pero la AFIP recaudaba por sólo 7.150.885. Así se justifican expedientes fantasma, elaborados para extraer recursos del sistema sin contraprestación, como en el caso de las droguerías. La cantidad de beneficiarios determina el costo de casi todos los contratos de las obras sociales.
Esa normalización no sería la reforma más agresiva para Moyano. A las órdenes del titular del PAMI, Luciano Di Césare, un equipo estudia un sistema unificado de compras. El jefe de asesores de la ministra, Ignacio Katz, también trabaja para concentrar la adquisición de drogas oncológicas y servicios de diálisis. Por su parte, el gerente de Gestión Estratégica de la Superintendencia, Gustavo Santero, entró en contacto con fabricantes de prótesis para elaborar un nomenclador que estandarice esas compras.
Estos movimientos estimulan un interrogante: ¿por qué detenerse en drogas, prótesis y diálisis? ¿Por qué no centralizar con protocolos transparentes y licitaciones universales el acceso a todos los insumos? Si el Gobierno fuera en esa dirección, pondría en riesgo el poder que obtienen los sindicatos de ser los principales contratistas en el mercado de la salud. La existencia de las obras sociales pendería de un hilo: si el Estado, desde la Superintendencia, elige al proveedor, determina el producto y decide el precio, ¿qué razón de ser tendría el enorme aparato administrativo que controlan los gremios?
Hay gerentes del sistema de obras sociales -algunos vinculados a Cavalieri- que ya fueron asaltados por estas dudas. El avance sobre las AFJP y el fallo de la Corte compusieron un cóctel que llevó a gremialistas a sospechar si Kirchner no habrá puesto la mira sobre los más de 15.000 millones de pesos que ellos administran cada año como prestadores de salud.
Sobresaltado por esta pesadilla, el titular de una federación de servicios se preguntó ante LA NACION: “La recaudación ya está en manos del Estado, a través de la AFIP. ¿Y si un día nos dicen que los fondos no se reparten más porque el Gobierno se hará cargo de todo?”.
La crisis con que amenaza la recesión será decisiva para un sindicalismo ajeno a cualquier renovación. Para algunos la tormenta podría terminar con todo un plantel de gremialistas, igual que en 2001 pasó a retiro a una colección completa de políticos. Las reformas que se estudian agigantan esa incógnita. Ahora hay que preguntarse si Kirchner actuará para que esa amenaza se despeje o si, en cambio, sacará provecho de ella para embestir contra la única corporación a la que todavía no le ha faltado el respeto.
La Nacion
Lunes 24 de noviembre de 2008
Publicado en la categoría Obras Sociales