Sube el descuento en el salario para la obra social

A partir de los salarios devengados en noviembre, que se percibirán en los primeros días de diciembre, los aportes a las obras sociales y al PAMI se incrementarán para los empleados con sueldos brutos superiores a 4800 pesos, a la vez que también aumentarán los montos de las contribuciones de los empleadores, tanto de las que tienen por destino el sistema de salud de la seguridad social como de las derivadas al seguro de riesgos del trabajo.

El decreto que establece las modificaciones fue aprobado en septiembre, y anteayer Claudio Moroni, jefe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), firmó la resolución reglamentaria, que se publicará en el Boletín Oficial la semana próxima.

La medida implica elevar de $ 4800 a 7800 el salario máximo para calcular el aporte a la obra social y al PAMI, del 3% en cada caso. En cuanto a las contribuciones empresariales, que hasta ahora compartían ese límite de los 4800 para el cálculo de los porcentajes, se realizarán desde noviembre sobre la totalidad de la masa salarial, sin importar el nivel de ingresos de los trabajadores.

Según establece el decreto, a partir de ahora los montos máximos para estimar los descuentos salariales podrán ser elevados por el Poder Ejecutivo cada vez que se incrementen los haberes jubilatorios del sistema nacional, en igual proporción que esas subas. Tal disposición ya estaba vigente para los aportes al régimen previsional. De hecho, lo que se hace ahora es igualar las condiciones de los aportes al sistema de salud, a las del descuento jubilatorio.

Como consecuencia de la medida, quien perciba una remuneración de $ 7800 o más sufrirá un descuento de $ 234 mensuales desde noviembre por cada uno de los dos conceptos, en lugar de los $ 144 actuales. En tanto, una persona con un ingreso bruto que se ubica entre el viejo y el nuevo tope, dejará de aportar $ 288 en total, para contribuir con una suma que será exactamente el 3% del salario en cada caso. Por ejemplo, a quien cobre $ 6000 se le descontarán $ 180 por la obra social y $ 180 por el PAMI, es decir, $ 360 en total.

El efecto que provoca la medida sobre el bolsillo podrá ser suavizado por dos motivos. Uno es que los aportes a la seguridad social se deducen del monto de ingresos sujetos al impuesto a las ganancias que, por lo tanto, tiene una leve reducción.

Derivación de aportes

El otro motivo es que, en muchos casos, los empleados utilizan su aporte para pagar parte de la cuota de una firma de medicina prepaga que tiene un convenio con una obra social. Si aumenta la cantidad de dinero que llega a la compañía privada de salud por la vía de aportes obligatorios, disminuye la suma que debe pagarse en efectivo para completar el precio del plan de salud contratado.

Algo similar ocurrirá  por la eliminación del tope para las contribuciones patronales en las empresas que hacen pagos adicionales a compañías de salud para mejorar la cobertura que tienen sus empleados.

Según analizó en un informe Héctor Barrios, director de Salud de la consultora Watson Wyatt, el cambio de topes producirá un fuerte impacto en las empresas, que trascenderá el plano puramente económico.

Debe tenerse en cuenta que desde la desregulación del sistema [que permite elegir a qué obra social derivar el dinero], el verdadero «dueño» de los aportes y contribuciones no son las obras sociales, sino el beneficiario mismo?, agrega Barrios. Con la modificación, se produce un notable cambio en el poder de compra de una cobertura. Según graficó, una persona ?con una remuneración anual de $ 200.000 que con la norma anterior contaba con 4492,80 pesos al año, pasará a contar con 12.033,60.

El analista también consideró que el decreto significará una amenaza para las áreas de recursos humanos de empresas que contratan un plan médico único para todo el personal. Según dijo, el personal de mayores ingresos tendrá que ser disuadido de su natural deseo de salir del sistema que le ofrece la empresa, para obtener mejores beneficios por fuera?.

Si se produce una migración de ese tipo (además de romperse un esquema que podría calificarse de solidario), las empresas dejarían de contar con una herramienta que usan con frecuencia para atraer, incentivar y retener al personal. Esa herramienta es un plan de salud que, a partir de ahora, el empleado podría pagarse sin desembolsos adicionales a los aportes obligatorios.

Por Silvia Stang
De la Redacción de LA NACION
18/10/08

Publicado en la categoría Obras Sociales

Lunes, 20 de Octubre de 2008

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Omint se quedó con Consolidar Salud

Hace dos meses fue anticipado en Blogsalud  (ver nota).
Ayer se anunció formalmente.

El Grupo Omint se quedó con Consolidar Salud, la empresa de medicina prepaga que era propiedad del BBVA. El grupo financiero de capital español había decidido ya hace un tiempo desprenderse de esa unidad de negocios, para concentrarse en sus operaciones vinculadas al banco (BBVA Banco Francés, los seguros y la administradora de fondos de jubilaciones y pensiones (Consolidar AFJP).

Con la operación, que fue cerrada el viernes último y comunicada ayer, Omint pasa a tener alrededor de 400.000 afiliados, ya que la cartera de Consolidar le suma 250.000 cápitas, muchas de ellas provenientes de contratos corporativos, por los cuales las empresas les brindan ese servicio a sus empleados.

El monto por el que se hizo la compra no fue informado, porque existe un acuerdo de confidencialidad, según explicaron a La Nacion Juan Carlos Villa Larroudet (h.) y Marcelo Manzini, director ejecutivo y gerente general, respectivamente, de Omint.

Los directivos afirmaron que los afiliados seguirán con los mismos planes y cartillas que tienen hasta ahora.

La compra incluye las dos clínicas que tenía Consolidar en la ciudad de Buenos Aires: la Bazterrica, donde seguirán las obras de ampliación y la Santa Isabel. Entre las dos suman 300 camas de internación, y se sumarán como propiedad de Omint a la Clínica del Sol. “El proyecto de la Bazterrica es a 12 meses y habrá una remodelación importante de habitaciones, quirófano, maternidad y otras áreas”, señalaron los directivos.

Según Villa Larroudet y Manzini, la facturación del grupo será de unos $ 1000 millones anuales en la Argentina (Omint tiene operaciones también en Brasil, donde el número de afiliados es de 85.000).

En los primeros seis meses de vigencia del acuerdo comercial se seguirá usando el nombre Consolidar, “pero vamos a desarrollar una nueva marca” para los planes que hoy llevan esa denominación, según aclararon los directivos.

Inversiones

En una primera etapa se utilizarán también las sucursales que tiene el grupo financiero español para operaciones varias. El plan de los nuevos dueños de la prepaga incluye invertir en la instalación de nuevas sucursales, que se sumarán a las 22 que Omint tiene hoy en funcionamiento.

Omint es una compañía de capitales argentinos, que inició sus actividades en 1967 y en 1980 se instaló en Brasil. Con la adquisición anunciada ayer, y según un comunicado de prensa, alcanza un 12% de participación en el mercado de la medicina privada, en el que son líderes Galeno y Swiss Medical.

“Nuestro objetivo no es ser más grandes, sino vender un buen servicio y ofrecer la mejor calidad médica a todos los afiliados”, afirmaron Villa Larroudet y Manzini. “Vamos a respaldar todos los planes con el paraguas de Omint”, agregaron, tras decir que eso se traduce, por ejemplo, en el objetivo de lograr que la certificación de procesos de atención médica que hoy tiene la compañía se expanda a los planes incorporados.

Al igual que ocurrirá con los prestadores, cada contrato mantendrá su nivel de precios.

El sector de la medicina prepaga viene aplicando incrementos a las cuotas en los últimos años, y los justifica citando el alza de los costos de las prestaciones y de los salarios. Por eso, dado que según el último acuerdo firmado con el sindicato de la sanidad se aplicará una suba en los ingresos de los trabajadores del mes de diciembre, se estima que ese mes habrá un nuevo ajuste.

La Nacion
15/10/08

Publicado en la categoría Informacion general sobre prepagos

Jueves, 16 de Octubre de 2008

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La justicia obliga a una obra social a otorgar un audifono implantable

La Justicia en lo Contencioso Administrativo condenó a OSECAC a cumplir la medida en un plazo de 10 días. Fundamentó el fallo en el derecho a la salud

El juez en lo contencioso administrativo federal Luis María Márquez le ordenó a una obra social que en un plazo de diez días otorgue en forma gratuita un “audífono implantable por vía ósea” a una discapacitada hipoacúsica.

El magistrado hizo lugar a una acción de amparo presentada por Carla Ariel Benítez, quien había solicitado a OSECAC (Obra Social de Empleados de Comercio y Actividades Afines), la entrega de un “audífono implantable por vía ósea o BAHA para oído derecho en razón de la hipoacusia bilateral mixta severa que padece”.

Entre sus fundamentos, el juez invocó varios tratados internacionales, entre ellos el del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que “reconoce el derecho a todas las personas a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, así como el deber de los estados partes de procurar su satisfacción”.

Además, señaló que “las medidas cautelares, ante todo, más que hacer Justicia están destinadas a dar tiempo a la justicia para cumplir eficazmente su obra”, en consecuencia “para decretarlas no se requiere una prueba acabada de la verosimilitud del derecho debatido”.

“El estado de la amparista discapacitada suponen una necesidad inmediata de atención médica con el fin de proveer lo solicitado, a fin de no empeorar su situación actual, debiéndole sumar a ello la edad de la actora, 26 años”, consideró el juez Márquez.

De esta manera, el juez, quien además tuvo en cuenta los antecedentes clínicos de la mujer, hizo lugar al amparo y ordenó la cobertura gratuita del audífono.

Infobaeprofesional - 15/10/08

Publicado en la categoría Judiciales

Jueves, 16 de Octubre de 2008

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