Articular las obras sociales con los demás sectores del sistema, de modo que no exista tanta fragmentación, y basarlas fundamentalmente en la atención primaria fue una de las prioridades que citó María Graciela Ocaña cuando la designaron ministra de Salud.
Eso ocurrió en los primeros tramos del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando la CGT reclamó mayor asistencia oficial para superar los saldos en rojo de las prestadoras de salud administradas por los gremios y recibió la promesa de que se incrementarían el tope de las remuneraciones sobre las cuales se calculan los descuentos -iniciativa de la Superintendencia de Seguros de Salud (SSS) de mediados del 2006- y las cápitas cobradas a alrededor de 400.000 afiliados al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) y 950.000 monotributistas.
Héctor Capaccioli, titular de la SSS, desde hacía tiempo señalaba, además, que para estos últimos deberían definirse bandas diferenciadas de contribuciones, porque a veces “facturan millonadas y sus aportes a la seguridad social son mínimos” (algo que se intentó corregir con las subas dispuestas a partir del 1 de octubre).
La SSS regula, controla y asiste técnicamente a las obras sociales sindicales y de personal de dirección y, en los papeles, garantiza la accesibilidad a las prestaciones de casi 18,1 millones de afiliados (las provinciales cubren a 8 millones). En el 2003, cuando Néstor Carlos Kirchner asumió la Presidencia de la Nación, la Superintendencia registraba casualmente 8 millones de beneficiarios, con lo cual se demuestra que si bien las obras sociales se fortalecieron, al mismo tiempo se desfinanciaron por atender mayores demandas. “A pesar de eso, como el sistema tiene una base solidaria, se equilibra”, procuró convencer Capaccioli.
“El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo y Vital -integrado por el gobierno, la CGT, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y empresarios- se convirtió desde el 2003 en una herramienta central para el crecimiento del ingreso con distribución equitativa”, publicitó Carlos Tomada, ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Por acuerdo en el Consejo ese mínimo pasó de 980 pesos, fiado en julio del 2007, a 1.200 desde agosto y será elevado a 1.240 a partir del 1 de diciembre próximo. A la hora de votar, se abstuvieron los representantes de la CTA, que pidieron 1.550.
Aunque trató de no afectar su cercanía con el gobierno nacional, Hugo Moyano, secretario general de la CGT, demostró preocupación por la inflación -aceptó que supera la que difunde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)- y por cómo afecta los bolsillos de los trabajadores. No fue casual que diferentes gremios pidieran este mes la reapertura de las paritarias, por lo menos para negociar un plus o adicional a percibir a fin de año, teniendo en cuenta que varios acordaron incrementos salariales del 20% al 25% para este 2008.
Moyano no olvidó referirse al desfinanciamiento de las obras sociales y por eso consiguió que se incrementaran las obligaciones de los monotributistas, por un lado, y de la Anses (Administración Nacional de Seguridad Social) para los jubilados, por el otro. Por su “perseverancia”, hubo, asimismo, alzas del 50% en las asignaciones familiares extraordinarias y del 35% en las ordinarias, como las otorgadas por hijo.
Otros dirigentes argumentaron que la Administración de Prestaciones Especiales (APE) no deriva todos los recursos recibidos para la alta complejidad -unos 700 millones de pesos anuales- e imaginaron que son usados por el poder político, cuando deberían manejarlos las propias obras sociales.
Héctor Recalde, abogado laboralista, docente universitario, asesor de la CGT y diputado por el Frente para la Victoria, comparte el reciente proyecto del Poder Ejecutivo nacional para unificar el CUIL (Código Único de Identificación Laboral) y el CUIT (Código Único de Identificación Tributaria) en el régimen simplificado de la CUIP (Clave Única de Identificación Personal) destinado a impedir no sólo la evasión sino también la elusión.
En relación a las obras sociales, recordó que pagan el impuesto al cheque cuando “ciertas entidades de lucro están exentas, como las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) y de riesgos de trabajo (ART), por ejemplo”.
“La crisis de la salud es una cosa seria -declamó Recalde- y las obras sociales tienen sus recursos disminuidos porque casi el 40% del trabajo es en negro”.
Los empleadores debieron afrontar en este 2008 mayores cargas laborales por los beneficios concedidos por la presidenta. Aparte del incremento en sus costos por la incorporación a los salarios de los vales y tickets -iniciativa que promovió Recalde-, asumieron un suba promedio del 7% por la elevación del tope salarial sobre el que se calculan los aportes a las prestadoras administradas por los sindicatos. Este máximo y las subas de las cápitas representaron un ingreso adicional de unos 50 millones de pesos mensuales para las cajas administradas por los gremios.
Kirchner, el ex presidente en ejercicio -así lo bautizó un periodista-, les confirmó a los gremialistas que lo visitaron el 10 del actual que, por decisión de su esposa, la cartera laboral elevó el límite salarial fijado para aplicar el descuento del 3% destinado a las obras sociales, llevándolo de 4.800 pesos mensuales a 7.800. Las empresas deberán soportar mayores costos ya que aportan el 6% de los haberes, en tanto a los 300.000 asalariados que ganan más de 4.800 pesos por mes les practicarán descuentos superiores. Kirchner aprovechó para anunciar a sus interlocutores de la central obrera el “relanzamiento” del Partido Justicialista para mediados de octubre.
Cuando a partir de noviembre rija el nuevo tope remunerativo, las obras sociales sindicales y otras prestadoras incrementarán sus ingresos en unos 800 millones de pesos anuales.
MIGUEL ÁNGEL FUKS
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