Una vez más, el gobierno nacional se ha aplicado a beneficiar a los sindicatos y, por ende, a sus eternizados dirigentes. En esta oportunidad lo hará por medio del incremento de los aportes que con destino a las obras sociales deben pagar mensualmente, sí o sí, los monotributistas y los sueldos más elevados de los trabajadores en relación de dependencia, sin que, en más de un caso, obtengan una prestación equivalente o hagan uso de ese servicio.
Esa determinación da respuesta a una inquietud que ya había sido manifestada por los gremialistas a mediados del año último. En ese momento, el interés proselitista determinó que la definición al respecto fuese postergada para después de las elecciones presidenciales.
Ahora, la contribución de los monotributistas ha sido incrementada de 24,44 pesos a 37 pesos mensuales -casi un 50 por ciento de aumento-, en tanto que el tope para el cálculo del aporte de los asalariados en relación de dependencia será elevado de 4800 pesos a 6750.
De esa manera y según se estimó, las obras sociales percibirían una mejora de aproximadamente 600 millones de pesos anuales, aunque deberán compartirla con las empresas de medicina prepaga con las cuales tengan convenios.
Si el tema es analizado desde el punto de vista que tiene vinculación con el sentido común, no hay duda de que las obras sociales no fueron ajenas a los cimbronazos padecidos por nuestra economía a principios del siglo actual y, por lo tanto, se descapitalizaron. Este anhelado socorro les permitiría, pues, completar su recuperación y financiar mejoras que, a la postre, tendrían que redundar en beneficios para sus afiliados. Atender a la eficiencia de los servicios de salud vendría a ser, está claro, una obligación inexcusable de las autoridades.
Pero está visto y comprobado que ni siquiera el sentido común es del todo confiable en nuestro país. Una multimillonaria cantidad de dinero es desviada desde los bolsillos de los trabajadores -lo son todos los aportantes- a las arcas de las obras sociales, lo cual casi siempre significa que, en definitiva, esos recursos ingresan en las arcas de los sindicatos que las controlan. Y es llegado este punto cuando una pizca de inquietud, justificada por las azarosas alternativas de este mundo en que vivimos, impone preguntarse si las llaves de esas arcas siempre se conservan en manos confiables.
¿Los fondos, recursos, subsidios o como llamárselos quiera en cuestión serán destinados, sin excepción, al financiamiento y mejoramiento de las obras sociales? ¿O parte de esos recursos podría llegar a servir para retribuir favores políticos y otras maniobras de un gremialismo que sigue medrando con la anacrónica y exclusivista estructura sindical propia de perimidos regímenes totalitarios?
Esa incertidumbre sólo podría quedar desvirtuada si los gremios respectivos se aviniesen a rendir cuentas claras y exhaustivas del destino dado a esa masa de recursos que les ha sido atribuida a mano abierta y sin mayores condicionamientos. En caso de que la iniciativa siguiese su curso más previsible, el Gobierno, cuyo interés por convivir de manera armónica con el sindicalismo es evidente, tendría que comprometerse a fiscalizar el destino de esos fondos.
Hay experiencias negativas al respecto. En este momento, la propia auditoría del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha admitido que están en danza algo más de seis millones de pesos, parte integrante de un subsidio de veinte entregado a la obra social de los empleados del gobierno porteño (la misma que al ser intervenida provocó tanto alboroto judicial y político), acerca de cuya utilización y destino no habrían sido rendidas cuentas suficientes.
Editorial del Diario LaNacion
Miércoles 6 de febrero de 2008
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Jueves, 7 de Febrero de 2008
Que se deje de escribir confundiendo y empecemos a trabajar en serio porque periodistas como estos son los que hacen perder el poder a la prensa. Que se fije cuanto se han incrementado los costos
Soy afiliado a Osplad. Sabia ud que cada afiliado aporta 7$ mensuales? Obviamente la obra social esta en quiebra. Era necesario esto