Mayor costo para las prepagas: Ley de enfermedades alimentarias

El Senado nacional dio media sanción a un proyecto que incorpora en la cobertura obligatoria de las empresas de medicina prepaga y las obras sociales a las enfermedades de origen alimentario, como la obesidad, la bulimia y la anorexia.

La iniciativa fue aprobada por 50 votos contra uno negativo y será enviada a la Cámara de Diputados.

El proyecto declara de interés nacional la prevención y control de los trastornos alimentarios, y contempla una asistencia integral y una rehabilitación de los pacientes, que incluye además sus enfermedades derivadas y las medidas que eviten su propagación.

La norma regula la comercialización, publicidad y promoción de alimentos de bajo aporte nutricional cuando éstos se acompañen con juguetes, premios y demás incentivos que promuevan su consumo por parte de los niños.

El titular del bloque oficialista, Miguel Angel Pichetto, destacó que el principal objetivo del proyecto es “la lucha contra la obesidad infanto-juvenil” y agregó que con la aprobación de esta ley “lograremos una importante herramienta en la lucha contra la obesidad, la bulimia y la anorexia, de modo tal de proteger a aquellos que sufren este tipo de trastornos”.

La iniciativa apunta además a controlar la publicidad y promoción dirigida a niños menores de doce años de alimentos con elevado contenido calórico de grasas y azúcar y pobres en nutrientes esenciales.

La senadora Haidé Giri (PJ-Córdoba), titular de la comisión de Salud, argumentó a favor de la propuesta porque “nuestro país junto con Japón marcha a la cabeza de anorexia y bulimia en los jóvenes” y expresó que “la obesidad adquiere ribetes de epidemias en el mundo” y hoy “uno de cada diez niños comienza a sufrir obesidad”.

La iniciativa fue respaldada por la legisladora radical de Tierra del Fuego, Liliana Capos, el juecista cordobés Carlos Rossi, el radical santacruceño Alfredo Martínez, el oficialista Guillermo Jenefes, el chaqueño Jorge Capitanich y la correntina Isabel Viudes, entre otros.

La bonaerense Hilda González de Duhalde pidió que se incorpore en la norma soluciones para que en la Argentina nadie “se muera de hambre”.

Por su parte, la justicialista formoseña Adriana Bortolozzi, dijo que afrontaba la votación en su condición de “senadora obesa”, pese a que esa situación no era “prioritaria en mi provincia”.

Al momento de fundar su voto en contra, Bortolozzi sostuvo que “nosotros somos enfermos de obesidad porque nos gustan las comidas y la sociedad no puede legislar por nuestra elecciones”. Y argumentó que “las provincias pobres tienen otras urgencias” como “sus problemas son la falta de comida” y no la obesidad.
28/11/2007
La Nacion

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Jueves, 29 de Noviembre de 2007

Comunicado URGENTE del Colegio de Bioquimicos de la Pcia de Bs As

Publicado en su pagina web http://www.colebioqpba.org.ar/

LA PLATA, 27 de noviembre de 2007.-

Estimados colegas:

El 1º de diciembre empieza a ponerse en práctica el cobro obligatorio del Acto Profesional Bioquímico (APB), fijado de tal manera por el Consejo Directivo en respeto a la voluntad expresada por la mayoría de los colegas en oportunidad de realizarse la consulta correspondiente.

La Resolución que lo dispuso se dictó el 4 de septiembre de 2007 para que comenzara a regir a partir del 1º de diciembre. El lapso entre la decisión y su vigencia tenía por fin comunicar a la comunidad bioquímica en general y a cada obra social en particular la decisión tomada. Al mismo tiempo, se procuraba que los conflictos o dudas que podían aparecer pudieran ser tratados con suficiente tiempo para intentar darles soluciones, si es que existían.

Cuando votaron mayoritariamente por el cobro compulsivo, el Colegio advirtió que la decisión era trascendental pero que, al mismo tiempo, podía generar alguna resistencia, especialmente entre las obras sociales estatales y sindicales y empresas de medicina prepaga. Con la decisión mayoritaria de los colegas, se siguió con el proceso adelante.

El Consejo Directivo recibió apenas tres rechazos por carta documento de las obras sociales O.S.P.I.F.; OSPIA y OSETYA. Cada una de esas cartas documento fue contestada explicando que eran absolutamente infundadas, señalando el error en que habían incurrido en sus impugnaciones. No recibimos nueva respuesta a ellas.

Con el correr del tiempo, se tomó conocimiento por información de FABA de que algunas obras sociales habían decidido hacerse cargo del pago del APB y otras –si bien no lo discutían– entendían que debía abonarlo el afiliado.

Miembros de la Mesa Directiva fuimos invitados a concurrir a distintas zonas de la Provincia para brindar explicaciones y recibir las dudas que se habían generado en algunos Bioquímicos sobre la forma de implementación del cobro y la reacción que podían tener algunas obras sociales.

En cada caso, se explicó todo aquello que tenía respuesta y, en otros supuestos, por tratarse de hipótesis futuras y cuestiones de hecho particulares, no podía arribarse a soluciones de carácter general.

Siempre sostuvimos que la verdadera vigencia del APB en la Provincia dependerá de los propios Bioquímicos; el Colegio les ha brindado un instrumento pero no le es posible darle todas las seguridades ante situaciones de hecho imprevisibles.

Sin duda alguna, la política que asumiera el IOMA en esta cuestión era de trascendental importancia. Por ello, le comunicamos en forma directa mediante la correspondiente nota explicativa entregada en la institución el 7 de septiembre de 2007.

No recibimos respuesta alguna hasta que, en el mes de octubre, FABA nos informó que en el IOMA le habían manifestado que no habían recibido dicha comunicación. Ante ello se les envió la nota presentada con la debida constancia de recepción, con lo cual debieron admitir que realmente habían recibido la misiva.

Como consecuencia de ello, el martes 20 de noviembre fuimos invitados por el Presidente del IOMA, Lic. Mazza, a conversar sobre el tema.

En la oportunidad, reconoció la legalidad de la medida y la intención del Colegio al establecerla. Pero explicó que resultaba imposible presupuestariamente afrontar el gasto y no podía permitir que sus afiliados tuvieran que solventarlo considerando, fundamentalmente, el reciente aumento en la cápita otorgado a los laboratorios. Agregó además que prefería no tomar medidas con los Bioquímicos o los laboratorios que cobraran el APB pero que no veía otra manera de evitar su cobro. Si bien se le explicó que el APB era ajeno al tema de los aranceles y del contrato que podía tener celebrado con los prestadores, sostuvo que no le quedaba otra medida que sancionar a quienes percibieran el APB.

Sugirió que, en todo caso, se estableciera un plazo para entablar conversaciones sobre el cobro del APB. Le solicitamos que nos comunicara la decisión por escrito con sus fundamentos. Hasta la fecha, no hemos recibido comunicación oficial alguna.

El funcionario citado también nos manifestó que, en la reunión con su contratante FABA, tampoco fue informado de la existencia del APB que ya se encontraba vigente a la fecha de las negociaciones que culminaron, según él, a fines de septiembre, es decir, casi un mes después de su dictado y notificación. De lo contrario, dijo que podría haberse analizado su implementación. Se le aclaró que la discusión sobre este tema es de competencia exclusiva del Colegio.

Posteriormente, FABA y IOMA publicaron un comunicado en el que se aclaraba que los afiliados debían abonar un solo bono en los laboratorios.

La contestación del IOMA es, en definitiva, la advertencia de una medida de hecho que no sabemos si se aplicará o no; no obstante esto es lo se nos ha trasmitido.

Por otra parte, según información recibida de FABA, OSDE aceptó incorporar el APB a su cargo, a través del convenio que tiene con FABA, para evitar que lo tengan que pagar los afiliados en el laboratorio. En el caso del Conurbano, con convenios directos con los prestadores, en comunicación telefónica con el Colegio, OSDE manifestó que incorporaría el pago a partir del 1º de enero pero que deduciría el pago de los Códigos 998 y 677, con lo que en cierta forma el propósito se desnaturalizaría. El Colegio no sancionaría al colega porque técnicamente el APB se cobra aunque cada uno deberá analizar la conveniencia de la propuesta de OSDE.

Ésta es la situación en general planteada al día de la fecha, particularizada en los casos del IOMA y OSDE por su evidente trascendencia en la mayor parte de la Provincia.

Nuestra conclusión es que, a pesar de haber tomado los recaudos necesarios para que se conociera el APB y su cobro obligatorio a partir del 1º de diciembre, muchos Bioquímicos no se prepararon en actitud y en estructura administrativa para cobrarlo. El APB no esta previsto para que lo paguen las obras sociales, sino para que lo cobre el Bioquímico al paciente. No obstante, las obras sociales por sí han adoptado frente al APB muy diverso comportamiento: algunas lo estudiaron y aceptaron pagarlo; otras aceptaron que lo paguen sus afiliados; otras lo reconocerán pero eliminarán rubros para descontar en parte el incremento; otras ni siquiera han emitido opinión y el IOMA manifiesta que no lo absorberá ni permitirá su cobro.

Dado que es una actitud humana dejar las cosas para último momento, ha ocurrido que el tiempo transcurrido no ha sido suficiente en muchos casos, en particular en algunas zonas de la Provincia.

Como consecuencia de lo expuesto, les enviamos la presente no sólo para que tengan un panorama de la situación respecto de la decisión del cobro del APB sino también para comunicarles que el Colegio no realizará inspecciones para corroborar el cobro efectivo del APB hasta el mes de abril de 2008; ello en virtud de todas las cuestiones planteadas, fundamentalmente la forma en que cada Bioquímico implementará el cobro y las medidas que deberán tomarse (les recordamos que el derecho a la percepción es directo al paciente en el laboratorio y que su cobro a las obras sociales o por intermedio de las intermediadoras es decisión de cada Bioquímico). Además es necesaria la toma de conciencia de pacientes y/u obras sociales. Se exceptúan los casos de quienes publiciten el no cobro con fines de captar pacientes ya sea en medios de difusión masiva o en forma particular a pacientes, prescribientes, sanatorios, etc. Se otorga un período de prueba para el acomodamiento de todos los que están alcanzados por la medida pero, de ningún modo, se permitirá que se atente contra la esencia del APB y su existencia.

Sin perjuicio de ello, el Colegio enviará a los laboratorios correos electrónicos o personas autorizadas a los efectos de obtener información sobre la marcha del cobro del APB, afiliados que lo pagan, obran sociales que lo absorben o lo reintegran, casos de imposible cobro, y otras circunstancias particulares útiles para tener un panorama acabado de la efectiva vigencia, total o parcial, del APB.

A principios del mes de abril de 2008, el Consejo Directivo volverá a tomar una decisión sobre el tema que dependerá de la experiencia obtenida durante el período iniciado el 1º de diciembre.

Finalmente, les hacemos saber que el Colegio está dispuesto a brindarles el apoyo institucional y a aportar fundamentos contra medidas arbitrarias que puedan tomarse con motivo del cobro del APB pero no podrá asistir a cada uno en particular en los conflictos que puedan suscitarse. Les reiteramos que el beneficio del APB es para los Bioquímicos y su capacitación y deberá ser cada uno de Uds. quien luche por su efectivo cumplimiento.

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Miércoles, 28 de Noviembre de 2007

Los recursos de la seguridad social y de la medicina prepaga no llegan al sector prestador

La Cámara Argentina de Diagnóstico Médico (Cadime) le expresó al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, su preocupación porque los prestadores recibieron “sólo 8 por ciento del aumento de 20 por ciento acordado en enero pasado” con las empresas privadas de salud.

En un encuentro mantenido el jueves con Moreno, el titular de Cademi, Guillermo Gómez Galizia, manifestó que “los mayores recursos de la seguridad social y de la medicina prepaga no llegan al sector prestador”, por lo que “resulta un imperativo promover la concertación y el análisis de los costos de producción”.

A partir de la oleada privatizadora de la década de los noventa comenzaron a instaurarse diferentes mecanismos de desregulación, por los cuales se habilitó a las obras sociales a transferir sus afiliados al sistema de medicina privada.

“Se deben volcar urgentemente nuevos recursos, y poner punto final a sucesivos mecanismos desregulatorios instaurados a partir de 1996, por los cuales las obras sociales transfieren al sistema de medicina prepaga un importante número de beneficiarios, principalmente los de mayores recursos”, apuntó Gómez Galizia.

Asimismo el titular de Cadime aseguró que “actualmente las dos terceras partes del padrón de beneficiarios de la medicina prepaga corresponde a los planes corporativos por convenios con las obras sociales”.

Gómez Galicia destacó que “termina 2007 y las empresas prestadoras de diagnóstico médico que brindan sus servicios a las obras sociales, sólo cobraron 8 por ciento promedio del aumento acordado de 20 por ciento a principios de año, con carácter vinculante y homologado mediante Resolución 844 de la Superintendencia de Servicios de Salud” y agregó que “una situación análoga ocurre con los aranceles que pagan las empresas de medicina prepaga”.

En consecuencia, el dirigente empresario puntualizó “la necesidad imperiosa que tienen los prestadores de cobrar el porcentaje impago más otro 20 por ciento recientemente determinado por la Autoridad de Aplicación, a los efectos de hacer frente a los mayores costos operativos y salariales”.

DyN

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Lunes, 26 de Noviembre de 2007