Escándalo en el Poder Judicial - La causa tiene, como todas, un juez y un fiscal, pero afecta, como pocas, a todos los jueces y fiscales.
Desde hace casi dos meses, la jueza María Servini de Cubría investiga un fraude millonario en la Obra Social del Poder Judicial (Ospjn), un organismo que depende de la Corte Suprema y que brinda cobertura médica a todos los funcionarios y empleados de la justicia nacional, de la justicia porteña, del Ministerio Público, de la Defensoría General y del Consejo de la Magistratura, y a sus familiares. En total tiene 76.000 afiliados.
La maniobra descubierta a comienzos de año consistía en la sobrefacturación o la invención de prestaciones por parte de un grupo de dentistas que, según declararon en una investigación interna de la obra social, actuaban en connivencia con funcionarios del organismo, a los que debían entregarles la mitad del botín.
Ellos son Eduardo Bazerque, que se desempeñaba como jefe y auditor de la sección odontológica, y Elsa Sosa, de la sección facturación. Tras la denuncia, ambos fueron desplazados a otros destinos dentro del Poder Judicial: Bazerque fue a la Morgue y Sosa, a la Dirección de Administración del Consejo de la Magistratura.
Según las primeras estimaciones de los investigadores, la defraudación supera los dos millones de pesos.
La denuncia la hizo el 16 de mayo el director general de la obra social, Hugo Destouches, tras recibir un informe de la asesoría jurídica. Esa pesquisa fue impulsada por el entonces contador del organismo Ricardo Podestá, el primero en detectar las irregularidades. El funcionario declaró ante Servini de Cubría como testigo.
En el informe, caratulado “Investigación administrativa sobre facturación sección odontológica”, se detallaba que el año pasado algunos dentistas habían multiplicado su facturación en forma llamativa y sin la documentación de respaldo, informaron a LA NACION cuatro fuentes del caso.
Tras tomar las primeras medidas, el 13 de junio Servini de Cubría decretó el secreto de sumario. Luego, dispuso allanamientos simultáneos en la obra social, en las casas de los funcionarios involucrados y en los consultorios de los dentistas sospechosos. Al día siguiente, Podestá fue trasladado a la Cámara de la Seguridad Social.
Cuando denunció el tema ante la Justicia, Destouches destacó la llamativa variación de los montos facturados por algunos dentistas entre 2005 y 2006. El director de la obra social advirtió que en algunos casos habían multiplicado sus ingresos por diez y dijo que para ello habían contado con la anuencia de empleados del organismo que él encabezaba.
Un caso paradigmático es el de la odontóloga María Pintado Rueda, que pasó de facturar 26.500 pesos en 2005 a 439.000 pesos en 2006, según información aportada a la causa desde la obra social. Otro dato llamativo es que, luego de iniciada la investigación interna, Pintado Rueda no reclamó el cobro de su última prestación, por la que había facturado 62.246 pesos.
La odontóloga es uno de los cuatro profesionales que admitieron la maniobra irregular. Dijo que el trato era que debían entregar el 50 por ciento de lo percibido por las prestaciones sobrefacturadas o inventadas a Sosa, que todos los meses pasaba pos su consultorio. Algunos de los testimonios, detallaron que el encargado de ir a buscar el dinero era el hijo de la funcionaria.
Casos sospechosos
Los otros dentistas que se declararon culpables son María Martha Malizia, Graciela Tarditi y Adalberto Chiappino. “En el país ocurren cosas más serias para que investiguen esto. Ahora, si quieren quemar gente al cuete, me parece bien”, dijo el último cuando LA NACION lo consultó sobre el caso. Después, cortó la comunicación.
Ante un requerimiento de la obra social para que presentara la documentación para cobrar una factura por 52.762 pesos, Chiappino dijo que le sería muy complicado y que por lo tanto no reclamaría el pago. Lo mismo dijo Tarditi, con una factura de 50.059 pesos, según testimonios de la causa.
Otro de los dentistas sospechosos pasó de facturar 16.000 pesos en 2005 a 238.000 pesos en 2006. Los casos abundan: en el mismo período, otro de los odontólogos aumentó su facturación de 145.000 a 500.000 pesos.
A medida que fue apareciendo documentación, la jueza se dio que cuenta de que la maniobra era mayor y decidió ampliar la investigación a otros 12 dentistas. Reclamó además al Banco Central de la República Argentina (BCRA) un informe sobre todas las cuentas bancarias y movimientos de dinero de Bazerque y Sosa, los dos funcionarios acusados.
Los investigadores sospechan que para concretar la operación los funcionarios del organismo recurrían a dos modalidades: pagar facturas sin documentación o fraguar la firma de los afiliados en las planillas que deben presentar los odontólogos para cobrar las prestaciones.
La obra social es uno de los organismos del Poder Judicial que dependen administrativamente de la Corte Suprema, como el Cuerpo Médico Forense y el Cuerpo de Peritos Contadores.
Ante la magnitud que estaba cobrando el asunto, en los primeros meses del año el director del organismo informó al administrador general del máximo tribunal, Nicolás Reyes, en la Corte desde la época de Julio Nazareno. Reyes, a su vez, habló con el presidente del Consejo de la Magistratura, Pablo Mosca, que le encargó investigar el tema al Cuerpo de Auditores del Poder Judicial, según contó a LA NACION una fuente del Consejo.
En tribunales, el tema ya está en boca de todos.
Por Gabriel Sued
De la Redacción de LA NACION
Una visita al dentista que despertó dudas
En los despachos de los ministros de la Corte Suprema afirman que no fue Ricardo Podestá quien detectó las irregularidades, sino que todo surgió a partir de un incidente extraño que protagonizó el juez Juan Carlos Maqueda y de la investigación que ordenaron hacer Nicolás Reyes, administrador general, y el funcionario Enrique Ferrao.
Por el contrario, Podestá, que fue desplazado de la Corte, sería el encargado de controlar administrativamente a Eduardo Bazerque y a Elsa Sosa, que son los principales sospechosos de la investigación, según explicaron a LA NACION varios jueces del alto tribunal y un funcionario de la Corte.
Ferrao afirmó a LA NACION que “Podestá tendría que haber ejercido un control, y durante mucho tiempo no controló”.
Según esta información, Podestá estaría mostrándose como descubridor de la maniobra fraudulenta con el supuesto fin de colocarse en una mejor posición ante la Justicia.
Hacia fines del año último, Maqueda fue a un odontólogo de la obra social y, al ser atendido, le llamó la atención que no tuvo que firmar papel alguno. El ministro no sospechó del profesional que lo atendía, pero sí imaginó que un sistema tan irregular se prestaba a maniobras poco claras.
El iniciador de la investigación fue Ferrao, el contador de la obra social, que siempre actuó bajo la dirección de Reyes.
Ferrao, que actualmente es el encargado de llevar cotidianamente la contabilidad y hacer los pagos correspondientes, advirtió que se estaban haciendo pagos a algunos odontólogos por montos muy superiores a la media.
Por eso, Reyes le ordenó a Ferrao seguir adelante con la pesquisa y la obra social, que depende de la Corte Suprema, abrió un sumario administrativo donde declararon varios odontólogos en contra de Sosa.
Por orden de Reyes, el funcionario que hizo la denuncia penal fue el director general de la obra social, Hugo Destouches.
Por Adrián Ventura
De la Redacción de LA NACION
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Lunes, 9 de Julio de 2007
Excelente informaciòn