La desviación de los fondos del crédito de 285 millones de dólares que el Banco Mundial destinó en 1995 a la modernización del sistema de obras sociales sindicales constituye uno de los casos más escandalosos de corrupción que se investigan hoy en la Argentina. No sólo por el monto de la malversación y por el área en la que se verificaron las irregularidades, es decir, el sistema de atención de la salud. Los actores bajo sospecha le dan también a esta trama una gravedad inusual: más de 200 sindicalistas, funcionarios gubernamentales y representantes del Banco Mundial. Es decir, se ponen en tela de juicio mecanismos de asignación de recursos que rigen a escala internacional y generan nuevas dudas sobre la transparencia de los organismos internacionales de crédito.
El motivo por el cual se decidió extender un crédito al sistema argentino de obras sociales era el establecimiento de un padrón único de beneficiarios para que quedara claro el destino de los subsidios que se disponen para atención de prestaciones muy costosas. Se aspiraba a crear reglas más claras en la asignación de esos subsidios y a favorecer una mayor competitividad del sistema.
Con el crédito extendido a esas entidades de salud administradas por los sindicatos, que incluía también al PAMI, se buscaba un saneamiento general: alivio para el nivel de deuda, reducción de las plantillas de personal innecesario y mejoras en la capacitación de esos recursos humanos.
Las investigaciones judiciales, actualmente a cargo del juez federal Norberto Oyarbide y del fiscal Carlos Stornelli, pusieron en evidencia deformaciones difíciles de imaginar. En principio, la Justicia presume la desviación lisa y llana de fondos a través de la designación de consultoras que, en la práctica, eran sugeridas por funcionarios del Estado o del Banco Mundial, con lo cual, una vez más, los servicios de consultoría aparecerían alimentando la industria del soborno. Las deudas que justificaban la aplicación de parte del crédito están en muchísimos casos documentadas después de que éste fuera asignado. Se pagaron millones de dólares en indemnizaciones de empleados que después fueron contratados por el sindicato ligado a la obra social que los había dimitido.
La gravedad de estos mecanismos no se reduce a la apropiación indebida de dinero, ya de por sí delictiva. Es igual de grave que, al cabo de la malversación, quede pendiente la reforma prometida. El sistema de salud de la Argentina sigue teniendo niveles de opacidad e ineficiencia que mantienen vigente la urgencia de su reforma. Sobre todo cuando la devaluación de la moneda que se dispuso en 2002 afectó su estructura de costos. Para citar el ejemplo más expresivo, sigue faltando un padrón único de afiliados, lo que impide conocer cuál es el universo de beneficiarios del sistema. Se trata de una incógnita más inquietante aún si se tiene en cuenta que el país pasó por un largo período de alto desempleo. Hoy no se sabe a ciencia cierta cuántos ni quiénes son los afiliados al sistema de salud, pese a que la percepción de subsidios por las obras sociales está supuestamente en función del volumen de afiliados.
El otro indicio de la gravedad de lo que se investiga es la identidad de los sospechosos. Cuando se cometieron estas irregularidades, quien estaba al frente de la Administración Nacional del Seguro de Salud era José Luis Lingieri, actual secretario adjunto de la CGT. Es decir, el segundo en jerarquía en la representación del movimiento obrero argentino. A su lado administraba el sistema por aquel entonces el doctor Néstor Vázquez, quien fue convocado por el actual gobierno para prestar los mismos servicios como gerente general de la Superintendencia de Salud. Junto a Lingieri han sido llamados a indagatoria otros 200 sindicalistas. Entre ellos, líderes del sector como Gerardo Martínez (Construcción), Armando Cavalieri (Comercio) o Juan Zanola (Bancarios).
En defensa del Banco Mundial se levantaron voces que, para justificar a los funcionarios de ese organismo, oscurecieron más su imagen: la excusa es que el Banco no está obligado a auditar el destino de fondos tan caudalosos en préstamos como el que analiza la Justicia. El contubernio con el Gobierno y el sindicalismo en este caso, sin embargo, ilustra la antigua sospecha sobre las corruptelas que se esconden detrás de la espesa burocracia de los organismos de crédito. Lo que estimula a saludar reformas como la que lleva adelante Luis Alberto Moreno en el BID o la que, en el mismo Banco Mundial, se propuso Paul Wolfowitz, antes de salir él mismo expulsado de la entidad por el escándalo que se produjo por la contratación de un familiar.
01/07/07
Editorial La Nación
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Lunes, 2 de Julio de 2007